Bruselas reclama más poder a los Estados para controlar el cierre de fronteras

«La crisis de refugiados de 2015, la avalancha de ataques terroristas en suelo europeo y la pandemia mundial de Covid-19 han puesto bajo presión al espacio Schengen. Tenemos la responsabilidad de reforzar su gobernanza y asegurarnos de que los Estados miembros estén equipados para garantizar una respuesta rápida, coordinada y europea a las situaciones de crisis, incluso en las que se instrumentaliza a los inmigrantes». Con estas palabras ha justificado Margaritis Schinas, comisario responsable de Promoción de Nuestro Estilo de Vida, el paquete de medidas comunes que se pone encima de la mesa.

Una modificación del Código de Fronteras Schengen para «garantizar que existen sólidos mecanismos de coordinación» ante amenazas sanitarias o crisis migratorias, se insiste. Bruselas tendría una mayor capacidad de acción para coordinar a los Estados miembros. Y, en lo que se refiere a potenciales nuevas amenazas para la salud, por ejemplo, se apoyaría en los informes de recomendación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

A partir de ahí se podrían establecer restricciones «temporales» de viaje fuera de la UE. Aunque se mantendría la posibilidad de regresar al territorio común a todos los ciudadanos europeos y sus familias. Esa medida implicaría también acatar por parte de todos los Estados miembros la relación de destinos que pueden considerarse seguros, algo que no ha sucedido pese a que sí existe esa lista que, incluso, surgió del consenso entre los Veintisiete.

En lo que se refiere a la reintroducción de controles en las fronteras interiores, se subraya que esa posibilidad debe ser siempre «una medida de último recurso», pero al mismo tiempo se otorgan mecanismos con los que conseguir el fino equilibrio entre coordinación y flexibilidad. Algo complejo si se tiene en cuenta que las capitales son reacias a ceder soberanía en aspectos tan sensibles como el de la gestión de sus fronteras. Y con la propuesta Bruselas les exige muchas explicaciones. De entrada, cualquier Estado miembro que decida optar por esta vía debe evaluar su «idoneidad y su probable impacto en la libre circulación de personas». También el impacto «en las regiones fronterizas».

Además, un Estado miembro que esté considerando la posibilidad de prolongar los controles en respuesta a amenazas previsibles «debería evaluar primero si podrían ser más apropiadas medidas alternativas como controles policiales selectivos y una cooperación policial reforzada». La Comisión propone que se proporcione una evaluación de riesgos para las prórrogas superiores a 6 meses. Y que cuando los controles internos hayan estado en vigor durante 18 meses, se le de la potestad para emitir un dictamen sobre «la proporcionalidad y necesidad» de que se mantenga esa medida. En todos los casos, los controles fronterizos temporales no deben exceder un período total de dos años, a menos que se den circunstancias muy específicas.

Otra de las medidas planteadas afecta a los movimientos de personas migrantes en situación irregular. «Las nuevas normas crearán un nuevo procedimiento para abordar los movimientos no autorizados durante las operaciones policiales conjuntas y permitirán a los Estados miembros revisar los existentes o concluir nuevos acuerdos bilaterales de readmisión entre ellos», se expone en la revisión planteada. Implicaría una mayor cooperación para la devolución primero al territorio de la UE desde el que se hayan desplazado y en última instancia a sus países de origen.