Bruselas anuncia 118 millones para proteger de atentados los espacios públicos

"No va a pagar toda la protección que pueda ser necesaria en nuestras ciudades pero creemos que es dinero que puede movilizarse rápidamente y puede apoyar proyectos en las ciudades que están pidiendo nuestra ayuda", ha explicado el comisario en una entrevista para presentar el nuevo paquete de medidas para afianzar la lucha antiterrorista, que inciden sobre todo en la necesidad de proteger mejor los espacios públicos y restringir los precursores de explosivos.

King ha defendido "extender" las mejores prácticas en Europa "sin desnaturalizar completamente las ciudades", preguntado si hay que generalizar la instalación de barreras, bolardos o maceteros en determinados lugares para dificultar potenciales atentados. "Parte de esto no es necesariamente alta tecnología. Puede incluir cámaras de vigilancia de alta tecnología pero no va sólo de eso. Pueden ser cambios físicos en torno a la construcción de espacios públicos o estaciones de trenes para dificultar que se perpetren este tipo de ataques que hemos visto", ha explicado.

Los primeros 18,5 millones estarán disponibles de manera inmediata para proyectos transnacionales que mejoren la protección de los espacios públicos, el desarrollo de nuevos conceptos de diseño urbano y de seguridad innovadora -por ejemplo para el control de acceso a los espacios públicos- y proyectos para reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad, protección civil y servicios médicos para responder en caso de atentado terrorista.

Los otros 100 millones se destinarán el año que viene a proyectos para garantizar la resistencia y protección física de edificios en lugares públicos muy frecuentados y soluciones de seguridad innovadoras. El Ejecutivo comunitario publicará el año que viene directrices para avanzar en estándares comunes para la protección física de edificios y de eventos especiales como competiciones deportivas o lugares como aeropuertos, así como el diseño y la planificación de los espacios públicos para utilizar mejor métodos de detección con equipos tecnológicos o con perros y las mejores soluciones técnicas.

También promoverá a través de foros el intercambio de mejores prácticas entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades locales y el sector privado -promotores de conciertos, compañías de alquiler de coches, centros comerciales y deportivos- y para promover el entrenamiento y ejercicios conjuntos de las fuerzas de seguridad para mejorar su preparación y capacidad de respuesta a atentados.

Los precursores de explosivos, que King, ha calificado de "materiales inocentes que cuando se mezclan pueden crear explosivos", plantean una amenaza "elevada" como demuestran los últimos atentados. Para restringirlos, el Ejecutivo comunitario ha hecho este miércoles una recomendación "inmediata" a los Gobiernos que han optado por un modelo de licencia para autorizar la compra para "que realicen un control de antecedentes efectivo no solo a la luz de los datos en el país sino en todos los países de la UE" porque "los datos ahora están disponibles para hacer esto". Y si han optado por un modelo de registro de compras para "que garanticen que su sistema funciona y que los vendedores están registrando la información y es compartida".

El Ejecutivo comunitario dará cuatro meses a los países para que evalúen si sus sistemas de prohibición, licencias o registro funcionan y plantea abordar "si hay que cambiar" la normativa actual de precursores que data de 2013 y "si hay otros precursores que tenemos que incluir".

King ha admitido que el TATP, el explosivo que quería utilizar la célula de Barcelona y Cambrils, pero que también se trató de utilizar en Mánchester y en Bruselas, "ha vuelto a emerger como una amenaza actual". "Sigue siendo el arma predilecta. Sabemos que Daesh sigue animando a la gente a utilizarlo. Sigue circulando manuales sobre cómo utilizarlo", ha dicho.

La legislación de 2013 impide que el público general pueda adquirir, poseer y utilizar químicos o mezclas como el peróxido de hidrógeno, que pueden utilizarse para fabricar explosivos, a menos que los Estados miembro tengan un sistema de licencia o registro de compra y obliga a las empresas a denunciar robos o desapariciones. "Alrededor de la mitad de Estados miembros han optado por una prohibición para el público normal para comprar estos productos. Otros han optado por un modelo de licencia o de registro de compra", ha explicado King.

La Comisión pide ahora a los países que pongan en marcha sistemas de inspecciones para identificar a las empresas que no respetan sus obligaciones, que animen a los usuarios finales a denunciar cualquier robo o desaparición "significativa" y que informen de incidentes "sospechosos" cuando haya un riesgo transnacional potencial. También les pide mejorar las condiciones de su almacenamiento y promover el uso de sustancias alternativas o de menor concentración que planteen menos problemas de seguridad para una actividad legítima donde sea posible.

A pesar de que el riesgo de ataque en Europa con sustancias químicas, biológicas, radiológicas o nucleares (CBRN) es "bajo", el Ejecutivo comunitario también ha propuesto un plan de acción para mejorar el nivel de preparación y la capacidad de respuesta a este tipo de ataques y el intercambio de información sobre estas armas y su detección en las aduanas.

Bruselas quiere asimismo "reforzar" la cooperación entre países "para seguir la pista de la financiación terrorista, incluido cuanto está en otro Estado miembro" a través de las Unidades de Inteligencia Financiera nacionales. Seguir la financiación, según Bruselas, resulta "determinante" para prevenir ataques o como pruebas en investigaciones penales.

King también ha propuesto "reforzar" a Europol para ayudar a los países a descifrar y extraer información de "aparatos incautados" como un teléfono o un ordenador dado que terroristas y criminales utilizan "la encriptación" y la capacidad de descifrado "varía en función de los países". Eso sí, ha dejado claro que la encriptación "es crucial" para los ciudadanos, por ejemplo para "proteger sus datos bancarios". "Nadie va a cambiar esto", ha asegurado. Bruselas también destinará 500.000 euros para formar a los cuerpos policiales y judiciales nacionales en 2018.

El comisario de Seguridad también ha incidido en la necesidad de "reforzar" la cooperación antiterrorista con países socios prioritarios con países como Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, con los que el Ejecutivo comunitario ha propuesto este miércoles negociar acuerdos de intercambio de información de datos personales con Europol.

Y ha reclamado negociar un acuerdo "revisado" de transferencia de datos de pasajeros aéreos con Canadá después de que el Tribunal de Justicia de la UE tumbó el acuerdo negociado al considerar que varias de sus disposiciones vulneran los derechos fundamentales de los pasajeros aéreos.