Ortega no va a la iglesia

Crítico del presidente Daniel Ortega, el obispo fue detenido dentro de la sede de la curia en Matagalpa y trasladado a su residencia en Managua, donde permanece en situación de arresto domiciliario acusado de patrocinar actividades «desestabilizadoras y provocadoras». La captura provocó una fuerte alarma en los círculos eclesiásticos del país, ya que la Policía irrumpió en el Palacio Episcopal «con todo lujo de violencia» y el prelado fue introducido a la fuerza en un coche que partió «con rumbo desconocido», según fuentes católicas.

Junto a Álvarez, de 55 años, las fuerzas de seguridad detuvieron a otras siete personas: tres sacerdotes, dos seminaristas, un reportero y el rector de la Universidad Juan Pablo II, Ramiro Tijerino. Todos ellos se encontraban dentro de la sede episcopal junto a otras tres personas desde hace trece días, en una situación de práctico encierro ya que la Policía sandinista les impedía salir a la calle.

Un sacerdote informó este sábado que, después de varias horas en paradero desconocido, la Iglesia pudo constatar que Rolando Álvarez se encontraba bajo arresto en su casa familiar en la capital y que presentaba un «estado desmejorado físicamente». El Gobierno le acusa de organizar «grupos violentos» con el fin de «desestabilizar al Estado». El obispo denunció a principios de agosto el cierre de cinco emisoras de radio católicas. La Conferencia Episcopal de Venezuela y la de Panamá han denunciado este domingo que «la libertad religiosa peligra en Nicaragua«.

En un país donde la comunidad católica representa casi el 60% de sus 6,5 millones de habitantes, la tensión entre el Ejecutivo y la Iglesia no pasa inadvertida. Tampoco que se trata de un elemento importante para la estabilidad del Estado y, más todavía, en un periodo en el que el gabinete de Daniel Ortega atraviesa una seria crisis en cuya espiral el mandatario ha arremetido también contra los medios de comunicación no afines y las ONG. Las controvertidas elecciones de noviembre, en las que salió reelegido para un quinto mandato, con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, parecen haber pasado más factura de lo previsto al antiguo líder sandinista. Carece del reconocimieno de Occidente. La Organización de Estados Americanos le ha exigio que «cese el hostigamiento» a la Iglesia, la prensa y las organizaciones civiles, además de que libere a los casi 200 «presos políticos» encarcelados por su disidencia. Por ese motivo, el Gobierno también ha acabado efrentado a la OEA. El regimen ha expulsado a sus representantes del país y retirado sus embajadores en este organismo. El laberinto internacional de Ortega es grande, muy grande.

A nivel doméstico, con la oposición encarcelada previamente, la persecución de la disidencia y los manejos legales para hacer posible una nueva reelección consecutiva, Ortega ha virado hacia un régimen autoritario patrimonial más próximo al antiguo somocismo que a una revolución social. A ello se añade una profunda crisis económica, que en 2018 desencandenó una multitudinaria protesta popular por la reforma de la Seguridad Social. El presidente calificó las manifestaciones como un golpe de Estado. La represión por parte de las fuerzas de seguridad (a la que se sumaron los ataques de paramilitares encapuchados) causó al menos 328 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunas ONG nicaragüenses elevan la tragedia a 684 fallecidos.

Ortega ha tildado a los jerarcas católicos de «terroristas» y justificado sus acciones contra ellos con argumentos como que los obispos le dieron un «ultimatum» en medio de aquellas protestas para que dejara el poder. Ve en la curia un creciente rival sobre el que carece del mismo alcance que posee en el caso de sus detractores políticos. A unos los ha encarcelado y a otros los ha forzado al exilio.

Pero además hay una situación de fondo. La oposición en el país centroamericano destaca por su pluralidad ideológica y un proyecto político basado únicamente en la reacción a los desmanes del presidente. Por ejemplo, este pasado jueves, más de 20 organizaciones, algunas de ellas en el exilio, emplazaron a los funcionarios nicaragüenses a «perder el miedo» al Gobierno. Sin embargo, les lastra la ausencia de un programa económico y de concordia política común que mostrar a la población. Y en ese contexto, muchos ciudadanos prefieren quedarse con lo malo antes que arriesgarse a lo desconocido; los que sobreviven a la crisis por el mero hecho de hacerlo y los abocados a la pobreza porque creen que la incertidumbre y la inestabilidad frente a un modelo que conocen desde hace décadas puede agravar sus condiciones.

A ello es necesario añadir los golpes continuos del régimen contra los opositores; el último de ellos sucedió el pasado julio cuando Ortega tomó arbitrariamente las alcadías de cinco grandes municipios en manos de la oposición. En medio de toda esta tormenta la Iglesia católica es la única institución del país que se ha encumbrado como referente social e incluso político de la ciudadanía.

Una muestra del creciente empeoramiento entre las dos instituciones es la expulsión en lo que va de año del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y de una veintena de monjas, muchas de ellas llegadas a Nicaragua en calidad de misioneras, el encarcelamiento de tres sacerdotes y el cierre sucesivo de emisoras de radio y televisión católicas. Además, el Gobierno prohibió el pasado día 13 de agosto a la Archidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima; una ceremonia trascendental para la comunidad católica ya que suponía el final de un peregrinaje de dos años y medio por Nicaragua de una réplica de la imagen tradicional que se guarda en su santuario de Portugal con el fin de conmemorar el final del Jubileo.

Mientras un fuerte cordón policial impedía la celebración, miles de personas asistieron a la misa previa a la procesión, donde incluso se hizo entrega de otra réplica para que fuera enviada al detenido obispo de Matagalpa en un claro desafío al Ejecutivo y, sobre todo, a Rosario Murillo. La esposa de Ortega se ha convertido desde las protestas de 2018 en el principal azote de los sacerdotes del país; así como de tantos otros enfrentamientos que dejan al gabinete cada vez más solo en su laberinto.