Israel y Hamás se citan en Egipto para consolidar el alto el fuego en Gaza

El objetivo del Gobierno de Tel Aviv es vincular cualquier acuerdo para permitir la entrada de material para reconstruir los daños sufridos en Gaza a la entrega de los dos israelíes y los cuerpos de dos cuerpos de soldados que tienen retenidos los islamistas. Hamás mantiene en su poder los cadáveres de los militares Hadar Goldin y Oron Shaul desde la guerra de 2014 y a su vez tiene en su poder a los civiles Avera Mengistu y Hisham a-Sayed.

El ministro de Exteriores, Gaby Ashkenazi, habló con su homónimo egipcio, Sameh Shoukry, durante la última operación militar en la Franja y formará parte de la delegación, en la que también estará el asesor de seguridad nacional, Meir Ben Shabbat, tal y como adelantó el diario libanés 'Al-Akhbar'. Este mismo medio indicó que Egipto propone el establecimiento de un órgano que supervise la llegada y distribución de la ayuda internacional con el objetivo de que ésta no termine en manos de Hamás y de su brazo armado, las Brigadas Ezzedin Al-Qassam. A cambio de este liderazgo en la mediación y supervisión, las autoridades de El Cairo habrían pedido que sean empresas egipcias las que lideren el proceso de reconstrucción y que sea Rafah, y no Erez o Kerem Shalom, el punto de acceso principal a la Franja.

El anuncio del inicio de la negociación quedó eclipsado por la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de lanzar una investigación por supuestos crímenes de guerra de Israel en la última ofensiva, en la que 260 palestinos perdieron la vida, entre ellos 66 niños. La votación obtuvo el apoyo de 24 de los 47 miembros. El Ejecutivo de Benyamin Netanyahu reaccionó de manera inmediata diciendo que no piensa cooperar con las indagaciones.

Horas antes de la votación Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, ya adelantó que los bombardeos en zonas tan densamente pobladas generan «una seria preocupación sobre si respetan la proporcionalidad de acuerdo al derecho internacional» y «pueden constituir crímenes de guerra». Bachelet también denunció que «el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de Hamás es una clara violación de las normas de la guerra».

Desde la ONU también se elaborado un plan de asistencia humanitaria urgente para Palestina que requiere unos 77,8 millones de euros con los que atender a 1,1 millones de personas durante los próximos tres meses. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) plantea esta actuación «inmediata» para mejorar cuestiones relativas a salud, agua y saneamiento, educación o seguridad alimentaria.

La organización cree que la última ofensiva militar ha «exacerbado el impacto de los casi catorce años de bloqueo israelí, de las divisiones políticas entre palestinos y de las recurrentes escaladas» de violencia, ahora también en Cisjordania y Jerusalén Este.