Egipto sentencia a cadena perpetua al bloguero Ahmed Duma y otras 229 personas

Este caso judicial, en el que se procesó a 293 acusados, se dividió en dos partes: el Tribunal Penal de El Cairo juzgó a 269 personas y el de Menores se hizo cargo de otras 24 por participar en los hechos, en los que se registraron víctimas mortales y heridos.

Todos ellos fueron procesados por ofrecer resistencia a las autoridades, atacar intencionadamente instalaciones del Gobierno, participar en actos de vandalismo y causar daños a la propiedad pública y privada. Además, se les acusó de interrumpir los servicios públicos y poseer cuchillos, cócteles molotov y bolas de fuego, así como de adquirir drogas para el consumo propio. Según la agencia, también se les relacionó con el intento de asalto a edificios y la destrucción y quema de ambulancias y vehículos de civiles.

Otras condenas anteriores

A finales de 2011, fuerzas del orden y manifestantes se enfrentaron en la capital y otras zonas de Egipto dentro de una serie de protestas contra la forma en que las autoridades militares llevaban el proceso de transición tras la caída del dictador Hosni Mubarak en febrero de ese año.

El bloguero Ahmed Duma negó durante el juicio haber cometido alguno de los delitos que se le imputaban y aseguró que no participó en ningún acto de violencia. Duma, que también estuvo en prisión durante el breve mandato del islamista Mohamed Mursi (depuesto por el Ejército en julio de 2013), fue condenado el pasado diciembre a tres años de prisión por insultar a los jueces en otro proceso.

En otra causa, el pasado 27 de enero, el Tribunal de Casación de Egipto emitió una sentencia definitiva de tres años de cárcel contra tres destacados activistas, entre ellos Duma, por manifestarse sin autorización y agredir a la policía. Duma, que se declaró en huelga de hambre en protesta por sus procesamientos, fue trasladado al hospital en mayo de 2014 tras sufrir fuertes dolores en la espalda.

Cientos de personas han sido detenidas en Egipto por participar en manifestaciones no autorizadas desde la aprobación en noviembre de 2013 de una restrictiva ley de protestas, muy criticada por los grupos de derechos humanos y asociaciones civiles.