El juez mantiene en prisión a Navalni

El litigio sobre el recurso se celebró en el Tribunal Regional de Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, y el líder opositor intervino por videoconferencia desde la cárcel de Matrósskaya Tishiná, en donde se encuentra recluido desde hace semana y media. El examen de la apelación comenzó con la denuncia de Navalni de que, desde su llegada a Rusia el pasado 17 de enero, no ha podido hablar con sus abogados.

La respuesta del juez, Musa Musáyev, a tal solicitud fue permitirle hablar tan sólo cinco minutos con los letrados, pero a través de la pantalla de cristal y mediante hilo telefónico. Eso sí, la abogada Olga Mijáilova aseguró que esta vez se logró al menos preservar en parte la confidencialidad, ya que los guardas de seguridad salieron del recinto y permitieron a Navalni hablar en privado esos cinco minutos con sus abogados defensores.

El político opositor planteó que, durante la vista del pasado día 18 en Jimki, «se violaron varias normas del procedimiento» y concluyó que, por tanto, su detención es «ilegal». Denunció en suma una «flagrante violación de las leyes (...) una acción arbitraria», que, a su juicio, «pretende intimidarme a mí y a todo el mundo». Afirmó ante el tribunal que «los jueces son solo obedientes esclavos de esta gente que nos han hurtado el país, que nos robaron durante 20 años y que quieren silenciar a personas como yo».

Después de que el juez Musáyev leyera el fallo rechazando la apelación de la defensa, le preguntó a Navalni si entendía la decisión tomada. En respuesta, el adversario de Putin declaró que «entendí todo incluso antes de que comenzara la vista. Sabía que permanecería bajo custodia por lo menos hasta mediados de febrero».

El arresto preventivo fue solicitado por el Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN) debido a que, al parecer, Navalni se saltó las inspecciones periódicas obligatorias a las que todo condenado a prisión condicional está obligado. Y él fue sentenciado a tres años y medio por el caso Yves Rocher, por supuesta estafa y blanqueo de capital. El FSIN pretende lograr que la condena condicional pase a ser efectiva y el dirigente opositor la cumpla en la cárcel.

Todo esto sucede después de que el miércoles la Policía lanzase decenas de registros domiciliarios contra activistas y colaboradores estrechos de Navalni, incluida su vivienda familiar, en donde su esposa Julia pasó unas horas aislada sin poder contactar con los abogados. Varios miembros de su equipo fueron además detenidos. Tales fueron los casos de su hermano, Oleg Navalni, de su mano derecha, Liubov Sóbol, que en las últimas semanas ha pasado repetidamente por comisaría y recibido cuantiosas y abultadas multas, de la componente del grupo «Pussy Riot», María Aliójina, y de Anastasia Vasílieva, líder de un sindicato médico que colabora con el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) de Navalni. La Policía asegura actuar por orden de las autoridades sanitarias, ya que sostienen que en las protestas participaron personas infectadas por el coronavirus.

El Comité de Instrucción (SK) ha abierto además una causa penal contra uno de los colaboradores más cercanos de Navalni, Leonid Vólkov, que se encuentra actualmente fuera de Rusia y que ha venido encabezando la organización de acciones a nivel regional. Según el SK, Vólkov hizo llamamientos a los menores de edad para que acudieran a las manifestaciones del pasado 23 de enero. Su entorno cree que con tal demanda de lo que se trata es de disuadirle para que no ponga los pies en Rusia.

Y es que para el próximo domingo se han convocado nuevas marchas por todo el país en apoyo de Navalni, en demanda de que sea liberado. Por eso, al igual que sucedió la semana pasada, en la víspera de la jornada de lucha del sábado, las fuerzas de seguridad han intensificado las acciones represivas para tratar de desmovilizar e intimidar a quienes tengan intención de acudir.

El sábado se practicaron casi 4.000 detenciones en todo el país y, según admite el Ministerio del Interior ruso, solamente en Moscú, se ha abierto 250 causas penales y administrativas por distintas violaciones del orden público tales como agresiones a policías, cortes de calles o involucrar a menores en las protestas. También se han anunciado fuertes multas a las redes sociales que incitaron a los menores a participar en las movilizaciones.