Por qué son tan importantes el antes y el después de Bucha

La Federación Rusa debería cooperar con la investigación del Tribunal Penal Internacional dando cuentas por la devastación del país. «Se ha puesto en marcha la investigación», anunciaba en marzo el fiscal del Tribunal Penal Internacional.

No cabe duda de que tienen que ser juzgados los responsables directos e indirectos de las masacres en Ucrania. Queda por determinar, sin embargo, cuándo y ante qué tipo de tribunal deberán comparecer, Putin incluido. Y queda pendiente algo fundamental: cómo prevenir crímenes y violaciones como armas de guerra. Nunca más asesinatos ni atrocidades como en Bucha.

«Crímenes de guerra» son todos los actos (asesinatos, torturas y otras formas de violencia) contra la población civil. El Tribunal Penal Internacional tiene competencia para juzgar tales conductas, también crímenes contra la humanidad, genocidio y actuaciones contrarias a lo establecido en la Convención de Ginebra, según el Estatuto de Roma.

¿Sería necesario un tribunal especial para juzgar a Putin? ¿Un juicio como el de Núremberg? Desde febrero, los debates se centran en el alcance de la invasión de Ucrania por la Federación Rusa. Es una agresión y un crimen contra la paz, se dice en la Declaración en favor de un tribunal especial. Han firmado el documento Gordon Brown –antiguo primer ministro del Reino Unido–, juristas, profesores y escritores como Javier Cercas.

El principal argumento de Philippe Sands, uno de los firmantes, abogado y profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres, es que el Tribunal Penal Internacional no podría juzgar el delito de agresión cometido por un estado que no ha ratificado el Estatuto de Roma. Por eso, habrá que completar la labor del Tribunal Penal Internacional para que no queden impunes la agresión ordenada por Putin ni las atrocidades.

Otro argumento esgrimido desde hace años, tras las masacres y el genocidio en Bosnia, es que se debe prestar más atención a las víctimas que a los perpetradores. Es el «paradigma de la atrocidad», como lo ha denominado Claudia Card.

En la práctica, significa poner el acento en la prevención y en la protección de supervivientes y víctimas. Es compatible con el castigo a los criminales de guerra, solo que estos no suelen actuar por iniciativa propia. En las fuerzas armadas hay órdenes y una cadena de mando.

«Atrocidades» son actos de gran crueldad, brutales e inhumanos. Las víctimas sufren graves daños, irreparables las más de las veces. Por eso, en las guerras tiene que haber ciertos límites. Los menciona el Protocolo Adicional al Convenio de Ginebra de 1977: respeto por la legislación internacional, un tipo de armamento, trato a los prisioneros de guerra y a la población, etc.

La protección de los civiles en tiempo de guerra estaba ya contemplada en el Convenio de Ginebra de 1949, debido a que las conductas brutales de los combatientes provocan enormes sufrimientos en los no combatientes. El Convenio se refería en modo expreso a la protección de las mujeres frente a violaciones, prostitución forzosa y otros ataques. Violencia sexual, trata y persecución por motivos de género son todavía armas empleadas a gran escala por ejércitos y grupos armados, llevando el terror a la población.

Datos sobre la situación en Ucrania confirman que estas atrocidades se cometen de forma sistemática en los territorios ocupados por Rusia, según un informe reciente de Naciones Unidas.

Las intervenciones para poner freno a estas prácticas brutales pueden ser de dos tipos: la protección efectiva de la población civil por parte de estados u organismos internacionales y la prevención de los riesgos. En 2008, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1820 condenando la violencia sexual como táctica en los conflictos armados: es un crimen contra la humanidad. En el 2014, Naciones Unidas presentaba el marco para prevenir atrocidades, con sistemas de alerta e indicadores de riesgos.

En 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja daba un paso más, defendiendo que los procesos de socialización en las fuerzas armadas erradiquen los incentivos para la violencia contra civiles. No debe ser entendida como una «política» ni como mecanismo de cohesión interna.

En 2022, además de llevar a los culpables de las atrocidades ante la justicia, hay que intervenir en las condiciones que posibilitan los crímenes de guerra, estableciendo sistemas de protección y prevención. No más masacres como en Bucha. Nunca más.

Este artículo ha sido publicado en 'The Conversation'.