Reino Unido encubrió 30.000 casos de sangre contaminada

Sir Brian Langstaff, exjuez del Tribunal Superior, ha presidido una investigación pública que ha durado cinco años y tras la presentación de su informe asegura que no existió una cábala de conspiradores para ocultar lo que estaba ocurriendo, sino algo «más sutil, más extendido y más escalofriante en sus consecuencias» entre médicos o ministros. Es la mayor catástrofe de una institución de sanidad pública muy apreciada por británicos.

La investigación ha recogido testimonios que avalan que el personal médico de los hospitales en el Reino Unido no tomó en consideración el riesgo de las transfusiones realizadas entre 1970 y 1992; que se trató a niños con plasma sin consultarlo a los padres, y que en algunos casos se atendió a pacientes con discapacidad como si fuesen cuerpos disponibles para la investigación científica. Unos 3.000 infectados han muerto. Y siguen muriendo.

El primer ministro, Rishi Sunak, fue este lunes al Parlamento para hacer una declaración, que comenzó con una sentencia rotunda. «Este es un día vergonzoso para el Estado británico», dijo el líder conservador. «El resultado de esta investigación debiera sacudir las entrañas de nuestra nación», añadió. «Esto pudo ser evitado. Se sabía que esos tratamientos estaban contaminados. Se ignoraron las alarmas, repetidamente. Una y otra vez, gente en posiciones de poder y confianza tuvo la oportunidad de detener la transmisión de esas infecciones y una y otra vez no lo hicieron», criticó.

Los testimonios de los familiares y las historias publicadas por los medios británicos son conmovedoras. Parejas que fueron infectadas y lucharon durante años contra la enfermedad y contra los gobiernos que aplazaban la investigación, y que han muerto sin tener conciencia del reconocimiento público. Familias rotas por el impacto de la experiencia. El ministro de Economía y Hacienda, Jeremy Hunt, filtró a los medios que reserva más de 10.000 millones de euros para las compensaciones. También recordó la muerte de un ser querido.

El juez Langstaff propone un abanico de recomendaciones para evitar que ocurra una calamidad similar. La más significativa, quizás, es que se inyecte en las instituciones y a los jefes lo que, según el juez, faltó en este caso: «Apertura, transparencia, dudas». Se sabía que el plasma tenía un riesgo de provocar hepatitis. En la era del miedo al sida, había voces obstinadas en que esa enfermedad no se transmitía por transfusiones.

El grupo de trabajo de la conocida como 'Investigación de sangre infectada' sostiene que las autoridades británicas, entre ellas personal médico y miembros del Gobierno, eran conscientes de que esta situación se venía dando desde los orígenes del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 1948.