Alemania facilita la concesión de la ciudadanía pero endurece la ley de asilo

En casos en los que se registre una «integración sobresaliente» del interesado será incluso posible solicitar el pasaporte alemán tras solo tres años. Se beneficiarán de esa posibilidad quienes demuestren tener unos buenos conocimientos del idioma, tengan un rendimiento extraordinario en los estudios o el trabajo o hagan labores de voluntariado para la sociedad. Solo podrán solicitar la ciudadanía alemana, sin embargo, quienes demuestren que sean capaces de mantenerse a sí mismos y a las personas bajo su dependencia con sus propios recursos.

El ministerio federal del Interior cifra en unos doce millones el número de personas que viven en Alemania con nacionalidad extranjera. De ellos, unos 5,3 millones residen desde hace al menos diez años. Se espera que la ley entre en vigor tres meses después de su anuncio, es decir, probablemente en abril. Podrían beneficiarse, por ejemplo, los más de un millón de turcos sin pasaporte germano que radican en el territorio.

La concesión de la ciudadanía está supeditada además a otras condiciones como el reconocimiento del orden democrático básico y la ley aclara que «los actos antisemitas, racistas, contra la orientación sexual o de género u otros actos inhumanos» son incompatibles con la garantía de la dignidad humana que establece la Ley Fundamental. Igualmente exige el reconocimiento de «la especial responsabilidad histórica de Alemania del régimen nacionalsocialista de injusticia y sus consecuencias, en particular para la protección de la vida judía». En relación con el ataque de Rusia a Ucrania, también se hace referencia a la «prohibición de librar una guerra de agresión». Las actitudes contrarias a esto deberían hacer imposible la naturalización.

El proyecto de ley fue aprobado con 382 votos a favor, 234 en contra y 23 abstenciones e impuesto por la mayoría parlamentaria de las tres formaciones que componen la coalición de gobierno que dirige el canciller federal, Olaf Schloz, es decir, socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP). La nueva ley favorece a los numerosos migrantes llegados al país, sobre todo a las generaciones posteriores, a los que ya no se les pedirá realizar un examen escrito de alemán ni el test de conocimientos sobre el país que se exige normalmente a todos los que solicitan la ciudadanía.

La comisionada de Integración del Gobierno federal, la diputada socialdemócrata de origen iraquí Reem Alabali Radovan, defendió la aprobación de la nueva ley poco antes de la votación argumentando que «Alemania ha sido siempre un país de inmigración» y que la nueva legislación posibilitará que este país lo siga siendo en el futuro, sobre todo ante los problemas que se registran ya por el cambio demográfico y la falta de mano de obra especializada. La diputada liberal Ann Veruschka Jurisch subrayó por su parte que supone «un signo tardío de gratitud y reconocimiento hacia la generación original de trabajadores migrantes».

Críticas para la nueva ley hubo por parte de la oposición conservadora. El portavoz parlamentario de interior de la Unión Cristianodemócrata, Alexander Throm, rechazó el recorte de los plazos para acceder a la ciudadanía alemana. «Cuanto más cortos sean los plazos -cinco o incluso tres años- menos arraigados pueden estar en nuestro país. Cuanto más cortos sean los plazos, mayores serán los riesgos para nuestro Estado», afirmó Throm. Sin embargo, la naturalización en virtud del artículo 35 de la Ley de Ciudadanía ya puede revocarse en un plazo de diez años en caso de falsedad fraudulenta o información incorrecta. El proyecto de reforma aclara ahora que las declaraciones incorrectas de compromiso con el ordenamiento básico libre y democrático también pueden dar lugar a la revocación.

El Bundestag ha aprobado, por otro lado, endurecer la legislación para que los peticionarios de asilo rechazados no puedan eludir el retorno forzoso a sus países de origen como hasta ahora. El endurecimiento de las normas de expulsión incluye la ampliación de la detención en espera de expulsión de diez a 28 días. Además, en el futuro se autorizará a la Policía a entrar en habitaciones distintas de las del interesado para detener a una persona que viva en un alojamiento compartido y vaya a ser expulsada. Estas operaciones también se permitirán cada vez más por la noche y las expulsiones ya no se anunciarán por adelantado. En el pasado, las deportaciones fracasaron repetidamente porque las personas afectadas se escondieron y ya no pudieron ser localizadas.

«Quien no tenga derecho a permanecer en Alemania debe abandonar el país», subrayó la ministra federal del Interior, Nancy Faeser. «Este es un requisito previo para que la migración sea aceptada en el conjunto de la sociedad y para que la integración funcione», afirmó la política socialdemócrata. El proyecto de ley fue retirado del orden del día del Bundestag en la última sesión de la semana antes de Navidad, porque los Verdes habían exigido mejoras. Por su insistencia, los afectados dispondrán ahora de un abogado. Para las familias con hijos menores de edad, también se descartará en principio la detención en espera de deportación. La ley también prevé medidas más duras contra los traficantes de personas. Debido a las protestas de las organizaciones de derechos humanos, se ha introducido posteriormente un pasaje para garantizar que no se criminalice el rescate de refugiados en el mar.

En 2021 y 2022, se produjeron unas 12.000 deportaciones al año de peticionarios de asilo rechazados. El proyecto de ley afirma que se supone que la normativa más estricta permitirá deportar cada año a unos 600 deportados más que antes. Según el Ministerio Federal del Interior, a finales de octubre había en Alemania 250.749 personas con la obligación de abandonar el país. Esto incluía a 201.084 personas que tenían una estancia tolerada, es decir, una suspensión temporal de la deportación. Los motivos de una estancia tolerada pueden ser enfermedad o falta de documentos de identidad.