La UE forma frente común con Canadá para proteger sus intereses en la isla

Imagen de una playa de Varadero (Cuba)./AFP
Imagen de una playa de Varadero (Cuba). / AFP

Europa quiere quedar «totalmente excluida» de la medida coercitiva o de lo contrario anuncia que responderá a EE UU con las mismas armas

SALVADOR ARROYOCorresponsal. Bruselas

Son demasiados intereses en juego, demasiadas empresas con negocios en la isla, muchas de capital español y vinculadas al turismo, para que la UE cruce los brazos o se bloquee. Así que optó por lanzar una ofensiva contra la decisión de Donald Trump de resucitar con efecto desde el 2 de mayo el Título III de la conocida como Ley Helms-Burton, que permite denunciar ante los tribunales estadounidenses a compañías que se hayan beneficiado de bienes expropiados tras la Revolución castrista de 1959.

La respuesta de Bruselas se estructura con un muro diplomático que va 'in crescendo'. Comenzó a construirse hace una semana, apenas seis días después de que el mandatario estadounidense abriera la puerta a una fórmula de presión que perjudicaría directamente a los hoteles de las grandes cadenas españolas implantados en terrenos nacionalizados.

LA CLAVE

Contraofensiva comunitaria.
La legislación permite confiscar activos en suelo europeo de potenciales denunciantes
Bruselas y Otawa.
La extraterritorialidad de las medidas unilaterales sería contraria al derecho internacional, consideran

Mediante una carta al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, la alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaría de Comercio, Cecilia Malmstrom, lanzaban un primer aviso. Si las empresas europeas no quedan «totalmente» excluidas de esa medida coercitiva, «la UE se verá obligada a utilizar todos los medios a su disposición, incluso en cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses» en Cuba. Y eso se traduce en una denuncia efectiva ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Y también en la opción de responder con las mismas armas a ese nuevo paso hostil de la Administración Trump contra La Habana. El responsable de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, lo verbalizaba el miércoles emplazando a las empresas europeas a llevar ante los tribunales a las compañías estadounidenses que pudieran verse tentadas de utilizar ese Título III.

«Cualquier pérdida»

La reglamentación comunitaria las faculta para recuperar, previa solicitud ante los tribunales de la UE, «cualquier pérdida» (económica) que les pudiera generar un fallo condenatorio desde el otro lado del Atlántico. La cuantía podría ser restablecida, incluso, «mediante la confiscación y venta» de sus activos en el territorio comunitario. No es una amenaza estéril, porque Bruselas recuerda que la mayoría de los potenciales denunciantes tienen activos en territorio UE. Y la Unión Europea no está sola en esta batalla. Su estrategia cuenta ya con el respaldo de Canadá.

Un comunicado suscrito por Mogherini y Malmstrom con la ministra de Exteriores de Cánada, Chrystia Freeland, reforzaba la consolidación del nuevo frente común contra Trump. «La UE y Canadá consideran la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba contraria al derecho internacional. Estamos decididos a trabajar juntos para proteger los intereses de nuestras empresas en el contexto de la OMC». Y se insiste en que ambos territorios disponen de mecanismos legales para responder en la misma proporción si finalmente no se consigue bloquear las resoluciones.

Una espiral que se convertiría también en un importante elemento desestabilizador para el comercio internacional. Algo de lo que fueron muy conscientes en la Casa Blanca durante más de dos décadas. Porque desde 1996 el controvertido Título III de la Ley Helms-Burton se mantuvo en suspensión efectiva, aunque se revisaba semestralmente.

Ningún presidente antes de Trump quiso correr el riesgo de provocar a sus socios. Ni tampoco el de enfrentarse a un potencial bloqueo de su sistema judicial por una avalancha de denuncias privadas. Cuando se ideó la ley, una primera estimación del Departamento de Estado norteamericano se refería a cifras de entre 75.000 y 200.000 procedimientos.

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