Primer gran conflicto del presidente Trump con la Justicia: considera «ilegal» sus despidos

El juez de distrito William Alsup envió ya este jueves a la Oficina de Personal gubernamental que rescinda las órdenes de Trump y que afectan nada menos que a una treintena de agencias; desde el Departamento de Defensa hasta el servicio nacional de parques naturales o el Centro Kennedy. La resolución se sustenta en una denuncia colectiva de varios sindicatos contra el despido de trabajadores en pruebas que ha sido presentada en un tribunal de San Francisco.

El dictamen tiene sus acotaciones. Su valor es más moral que práctico, ya que se limita a reseñar la «ilegalidad» de las directivas pero no supondrá en principio que el Gobierno deba readmitir a los despedidos. Además, tampoco puede impedir que haya departamentos federales que sigan con estas prácticas. Su bloqueo responde solo a las agencias denunciadas por un grupo de sindicatos que representan a 200.000 empleados públicos. No obstante, el juez cuenta con que «el Gobierno haga lo correcto y vaya un poco más allá de lo que he ordenado y haga saber a algunas de estas agencias lo que he decidido».

Bajo la denominación 'en prueba' se engloba a los empleados con uno o dos años de antigüedad, pero también a menudo a trabajadores veteranos que son reasignados y comienzan a prestar servicios en un departamento diferente. Los primeros son unos 200.000, y suponen el 10% de todo el contingente laboral de la Administración. Si se añaden los segundos, la afectación de las órdenes del Gobierno asciende a varios cientos de miles de personas más.

Este colectivo es el que el presidente y su mano derecha, Elon Musk, han tomado como prioridad en su esfuerzo por recortar el volumen de los departamentos federales para ahorrar costes. El famoso tijeretazo que los dos prometieron contra el derroche gubernamental trae de cabeza a diferentes servicios y ha extendido el caos en labores esenciales, ya que entre los miles de cesados figuran técnicos clave en materia nuclear, investigación y gestión de incendios o de tráfico aéreo. Un caso llamativo son los recortes, afortunadamente revocados, que el Ejecutivo quería hacer entre los guardianes del ébola, el personal de seguridad y clínico que maneja las muestras de los virus más letales del planeta depositadas en los laboratorios estadounidenses.

La última polémica, las expulsiones en Defensa, ha cobrado además un matiz político cada vez más grave a medida que transcurren los días. Cinco antiguos secretarios de Defensa, Lloyd Austin, Jim Mattis, Chuck Hagel, Leon Panetta y William Perry, han firmado un manifiesto contra el despido del jefe del Estado Mayor Conjunto y de otros altos funcionarios militares, así como de la plana mayor de abogados y fiscales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los exsecretarios, que han prestado servicios tanto con administraciones demócratas como republicanas desde hace 35 años, consideran que los despidos obedecen a motivos partidistas y solicitan al Congreso que «obligue al señor Trump a rendir cuentas por estas acciones imprudentes y a que ejerza plenamente sus responsabilidades de supervisión constitucionales».

El argumento utilizado por el juez para revocar las directivas reside en la falta de competencias de la Oficina de Personal del Gobierno para realizar contratos o despidos, ya que esta función recae sobre cada uno de los departamentos federales por mandato del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, parece ser que la oficina se atribuyó esta prerrogativa a mediados de febrero cuando envió una directiva a todas las agencias para que rescindieran los contratos de todos los trabajadores en pruebas. Los sindicatos denuncian además la ilegalidad que significa un despido en masa. Miles de empleados recibieron simplemente un mail –idéntico para todos, repartido por la propia Oficina de Personal– comuncándoles que debían dejar su plaza de inmediato.

«La decisión del juez Alsup es una victoria inicial importante para los estadounidenses patriotas que han sido despedidos ilegalmente por una agencia que no tenía autoridad para hacerlo», ha dicho Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. Los abogados de los sindicatos consideran que la Oficina de Personal «ha perpetrado de una sola vez uno de los fraudes laborales más masivos en la historia de este país». La OPM, el nombre técnico de la oficina, «no tiene autoridad legal para ordenar el despido de ningún empleado de una agencia federal, y mucho menos de todos ellos a nivel nacional».

La incertidumbre rodea ahora el fallo del juez Alsup. El Departamento de Justicia ha presentado ya sus primeras alegaciones y sostienen que Trump tiene «autoridad constitucional inherente» para decidir «a quién contratar y destituir» o qué «condiciones imponer para la continuidad del empleo». Los sindicatos contraponen a esta versión que muchos de los trabajadores afectados disponían de «excelentes» calificaciones y ni sus recursos o los de sus jefes en cada departamento fueron escuchados, lo que consideran un «abuso de poder». Las centrales sospechan que, detrás de esta oleada de despidos, puede encontrarse el afán del nuevo Gobierno de privatizar servicios.

Pese a este primer encontronazo judicial, nada hace pensar que el presidente republicano vaya a cambiar su rumbo. De hecho, el Gobierno ha enviado un informe a todos los departamentos federales para que en el plazo de dos semanas, hasta el 13 de marzo, entreguen listas en las que dejen claro cuáles de sus áreas deben promocionarse o eliminarse. Se trata del plan de «reducción de personal» más importante dictado por el Ejecutivo de Estados Unidos en su historia. Las instrucciones incluyen que cada jefe de servicio haga otra lista con el personal de alto nivel con el fin de «retener a los más cualificados» y reasignar a los veteranos a labores de similar rango.

Trump quiere además que todas sus agencias le remitan antes del 14 de abril qué oficinas pueden trasladarse fuera de Washington y establecerse en Estados donde el coste de la vida no sea tan caro. Su propósito consiste en abaratar gastos de personal y cerrar cientos de oficinas en la capital. El FBI ya se ha puesto manos a la obra. Planea trasladar a mil agentes especializados de Washington a otras regiones del país y enviar a 500 miembros de apoyo a una academia de Alabama.

Trump ha anunciado en su entorno que este drástico cambio laboral debe estar activo en septiembre.