Pakistán el alerta ante las protestas por la absolución de Asia Bibi

El caso de esta mujer cristiana de 53 años y madre de cinco hijos despertó atención mundial en 2010, cuando fue condenada a muerte bajo la acusación de blasfemia contra el profeta Mahoma tras una disputa con una compañera de trabajo musulmana por un vaso de agua. Los políticos que osaron defenderle de forma pública fueron asesinados, los papas Benedicto XVI y Francisco pidieron la absolución y sus abogados no dejaron de trabajar en el caso en medio de la fuerte presión de los grupos islamistas radicales, que no aceptaron el perdón y llamaron a la protesta nacional.

Ante el riesgo de que se extienda la violencia, el primer ministro, Imran Khan, advirtió de que no toleraría «sabotajes». «No obliguéis al Estado a tener que usar la fuerza», afirmó en un mensaje televisado dirigido a los grupos extremistas.

«La sentencia a muerte se anula. Asia Bibi es absuelta de los cargos», manifestó el presidente del Supremo, Saqib Nisar, al leer la sentencia de la apelación en la que se recogen «graves contradicciones» en las pruebas de la acusación y «mentiras» en el testimonio de las dos mujeres que la denunciaron.

Una mañana de junio de 2009 Asia trajo agua para el resto de mujeres que trabajaban con ella en la recolecta del trigo a las afueras de Itanwali, aldea del Punjab. Ninguna aceptó compartir un vaso del que había bebido una cristiana y entonces, según las denunciantes, estalló de rabia y cargó contra Mahoma. La blasfemia es considerada delito en este país y puede castigarse con la pena de muerte.

Asia es libre, pero por su propia seguridad «no puede permanecer en Pakistán», adelantó su marido, Ashiq Masih, en un viaje reciente a Londres pocos días antes del veredicto. Nada más conocerse la sentencia absolutoria estallaron «las protestas por la santidad del profeta. Moriremos por ello. No daremos un paso atrás», advirtió en un comunicado el partido islamista radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), fundado para proteger la polémica ley de la blasfemia que está vigente en el país desde los años ochenta y que fue fortalecida por el general y dictador, Zia ul-Haq, durante su mandato.

Este mecanismo legal permite a tres personas ponerse de acuerdo para encerrar en la cárcel de por vida o condenar a muerte a otra al acusarle de haber insultado a Mahoma o al Corán. El líder del TLP, Muhamad Afzal Qadri, aseguró que los tres jueces del Tribunal Supremo que anularon la pena de muerte para Asia «merecen la muerte» y exigió el cese del actual primer ministro del país, Imran Khan.

Este tipo de amenazas son muy reales en Pakistán y nadie olvida que en 2011 las dos grandes personalidades políticas que se posicionaron de parte de Asia Bibi y en contra de la ley antiblasfemia fueron asesinadas: el gobernador del Punjab, Salman Taseer, muerto a manos de uno de sus guardaespaldas; y Shahbaz Bhatti, ministro de Minorías y único cristiano del Ejecutivo en ese momento que fue abatido a tiros en la puerta de su casa.

Se trata de una especie de tema tabú sobre el que no se pueden hacer críticas y que ha llevado a decenas de personas a prisión, aunque ninguna ha sido ejecutada. En la actualidad se estima que pueden ser cuarenta los presos por este delito, según los datos obtenidos por la Commission on International Religious Freedom estadounidense.

Los cristianos representan el 2% de los 191 millones de habitantes que tiene Pakistán, el sexto país con más población del mundo, y en general son un sector muy pobre de la población. La Comisión de Derechos Humanos del país denuncia con insistencia desde la detención de Bibi que «los miembros de las minorías religiosas -cristianos, sijes, ahmadíes y musulmanes chiíes- han sido víctimas de terribles actos de violencia a causa de su fe. La violencia y la intimidación han aumentado la sensación de inseguridad en todas las comunidades», pero sus advertencias chocan con la fuerte influencia que los sectores religiosos tienen sobre la administración.

Debido a las amenazas constantes, las iglesias tienen protección armada y eso fue lo que evitó una masacre a gran escala en Quetta en diciembre de 2017, cuando el grupo yihadista Estado Islámico (EI) asesinó a nueve fieles tras un operación contra el templo metodista Bethel Memorial.