La represión vive en El Salvador

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, acosa a la prensa e invita a los periodistas que se vayan del país si están incómodos con el Gobierno. La psicóloga Jeannette Aguilar, dedicada a la investigación social en temas de seguridad, violencia y derechos humanos, asegura en conversación telefónica con este diario que «en El Salvador ya no hay democracia. Vivimos un Gobierno dictatorial de corte autocrático, cuyas detenciones arbitrarias ha instalado el miedo en los ciudadanos».

Y Amnistía Internacional no tiene reparos en declarar: «El Ejecutivo del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Las autoridades han creado una tormenta perfecta de violaciones de los derechos humanos que se espera continúe con la ampliación del estado de excepción». El Salvador está viviendo otra vez una dura y cruel pesadilla.

Nayib Bukele llegó a la Presidencia en 2019 con una votación arrolladora que acabó con el bipartidismo de los partidos ARENA y FMLN. Tener mayoría en los consejos municipales (58%) y en la Asamblea Legislativa (66%) significó un sinónimo de esperanza y confianza de un pueblo castigado por muchos males en un político joven que lo prometió todo, especialmente acabar con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Muchos analistas sospecharon que Bukele previamente había negociado con las tres principales pandillas o maras que durante años han generado una violencia extrema en el país, y que a finales de marzo llegaron a un enfrentamiento que arrojó la friolera de 80 muertos en una semana. Semejante violencia borró de golpe lo que parecía un éxito de la política de seguridad del Gobierno. Bukele entonces hizo uso de todo su poder. Consiguió la aprobación del régimen de excepción por 30 días.

Los datos concedidos por las autoridades y por el propio Bukele en su Twitter hablan de la detención de un promedio de 1.000 pandilleros cada día, y de un total de 19.000 en 32. Y de cero homicidios durante las últimas semanas. Abrazado a esos números, el presidente salvadoreño ha ampliado el estado de excepción por 30 días más. Pero el abrazo a esta extensión está lleno de minas que vulneran y cercenan los derechos humanos.

El decreto permite al Gobierno de Bukele intervenir en las comunicaciones y efectuar capturas de personas sin orden judicial. También suspende el derecho a tener un abogado defensor, a que la Policía explique el porqué del arresto, aumenta el monto de las penas, se aplica una ley mordaza a la prensa, se castiga con 15 años de prisión a todo aquel que publique información sobre las pandillas, y si llevas un tatuaje alusivo a estos grupos ya eres sospechoso.

«En primera instancia asistimos por primera vez en la historia reciente al uso del régimen de excepción como política para combatir la criminalidad. Pese a que estos operativos de mano dura y de capturas masivas, han sido frecuentes en distintos Gobiernos, nunca se utilizó el régimen de excepción para la supresión de los derechos fundamentales y justificar la captura arbitraria de personas», afirma la investigadora social Jeannette Aguilar

Y en segunda instancia, «en un contexto como el actual en el que no hay instituciones de fiscalización, no hay instancias a dónde acudir y donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y reclamar sus garantías, nos lleva a encontrarnos en una situación de total desprotección, y esto, además de ser una locura, pone en riesgo a toda la población salvadoreña», concluye esta psicóloga.

Nayib Bukele, que controla los tres poderes del Estado, la Policía, el Ejército, a una gran parte de los jueces, la Procuraduría (Fiscalía) para la Defensa de los Derechos Humanos, cuenta con el respaldo y el aplauso de otra mayoría de ciudadanos. Según una encuesta de Cid-Gallup, el 91% de la población está mucho o algo de acuerdo con el régimen y sus medidas represivas. El diario 'El Faro', sin embargo, alega que la firma encuestadora está dirigida por un consultor que Bukele ya contrató cuando fue alcalde de San Salvador.