El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

Ser precandidato a la presidencia colombiana supone hoy poner la vida al borde de un abismo. La política es una profesión de alto riesgo en este país que obliga a llevar chaleco antibalas y varios guardaespaldas, poseer un coche blindado, olvidarse de coger el transporte público o frecuentar restaurantes, tomar caminos distintos cada día o limitar los desplazamientos. Y, por supuesto, abstenerse de dar discursos en plazas públicas. A siete meses de los comicios legislativos y nueve de los presidenciales, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado este año más de cien casos de agresiones a políticos. Casi el 70% fueron amenazas, el 16,4% atentados, el 10,4% asesinatos (11 en total), el 2,8% secuestros y cerca del 1% casos de violencia contra la mujer. La mayoría ocurrió en Bogotá, Huila y Antioquía.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo han pedido reforzar la seguridad para los políticos ante este escenario. La muerte de Uribe desató críticas por parte de la oposición a Petro por haber negado seguridad al precandidato aunque el director de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró que el fallecido decidió salir sólo con dos escoltas el día que fue tiroteado. Había enviado a los otros cinco que tenía a cuidar de su familia. Antes incluso de este crimen ya habían aumentado las solicitudes de protección en Colombia: de 41.000 en 2022 a 50.900 en 2024.

Uno de los grandes desafíos actuales es que la mayor parte de las amenazas llega hoy a través de las redes sociales. Desde advertencias de que en la cárceles se está preparando el presupuesto necesario para atentar contra una determinada persona a recordatorios sobre cómo acabaron otros políticos y mensajes en los que se pide tener cuidado a quienes se dedican a buscar a los delincuentes. «El siguiente pepazo es para Vicky Dávila», escribió alguien desde su anonimato en X a la periodista que aspira a presentar su candidatura a las elecciones generales bajo el Movimiento Valientes. «No me amedrentan. Eso es lo que los criminales y terroristas buscan. Sacrifiqué toda mi carrera, mi familia, para luchar por un mejor futuro para los colombianos. Vamos a derrotar a los bandidos y a los corruptos con firmeza, coherencia y decencia», respondió.

David Luna, que peleará por la presidencia desde las filas de Si hay un camino, sufrió varios robos en su sede política y pidió medidas adicionales para proteger su vida y la de su equipo. «No banalice mi seguridad», llegó a decirle al director de la UNP, que desmintió la falta de protección. El precandidato llamó días después a dar forma a «una sola candidatura para la oposición». También María Fernanda Cabal, senadora de Centro Democrático, denunció amenazas. Ella había apoyado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando el pasado verano, en plena campaña electoral, el republicano fue víctima de un homicidio fallido en un mitin. «¿Para cuándo un atentado contra la Cabal?», preguntaron en redes.

La lista de políticos que quieren relevar a Petro en el poder y que están en el punto de mira es larga. María José Pizarro perdió a su padre, Carlos, en los años ochenta cuando aspiraba a dirigir el país y hoy ella, precandidata de Pacto Histórico, la coalición gobernante, afirma sufrir acoso por parte de un senador opositor. Hace dos años dijo que había sido amenazada de muerte. La congresista apunta ahora al conservador Miguel Polo Polo que, a raíz del tiroteo contra Uribe, advirtió de que «a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro» y pidió que el próximo Ejecutivo no tenga contemplaciones con los miembros del actual gabinete. «Nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano ¡Duro con ellos!», reclamó.

También a Juan Manuel Galán le arrebataron la vida de su padre, Luis Carlos, en los ochenta. Hace unos días presentó un documento de doce páginas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares urgentes para 27 de los candidatos de Nuevo Liberalismo, su partido, que se disputarán diferentes cargos (alcaldías, concejos...) en las próximas elecciones. En su escrito pidió asimismo que Petro no convoque movilizaciones ni haga menciones políticas mientras se mantenga viva la carrera electoral. El presidente, a su juicio, lanza discursos de odio y estigmatización que no ayudan a que el camino hasta los comicios se desarrolle en paz.