Gobierno e indígenas inician el diálogo en una capital ecuatoriana desolada por las protestas

Fue en Quito donde el sábado las protestas contra las medidas degeneraron en una ola de caos, con el edificio de la Contraloría General de la República -el órgano encargado de controlar los procedimientos administrativos y presupuestarios del Estado ecuatoriano- en llamas y las sedes de dos medios de comunicación asaltadas por manifestantes. En esta situación, el presidente del país Lenín Moreno impuso el toque de queda indefinido en la ciudad y ordenó su militarización.

Llegados de varios puntos del país, los indígenas -cuyos líderes desligaron al movimiento de esas acciones violentas- se replegaron ante la prohibición de circular por la ciudad desde las tres de la tarde del sábado, hora local. No obstante, seguirán en Quito hasta alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de subsidios públicos, una polémica medida gubernamental que ha incrementado hasta un 123% los precios del diésel y la gasolina.

«Nos mantenemos en Quito hasta que haya una solución», expresó a la AFP Salvador Quishpe, miembro de la comisión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Esta organización aborigen espera salir de la reunión con el Ejecutivo ecuatoriano con un acuerdo que revoque o dé paso a la revisión del decreto sobre el fin de los subsidios. Esperamos «un punto de equilibrio, y eso podría ser que no suba como subió (el combustible), sino en un porcentaje menor», añadió.

Por su parte, el presidente Moreno -que ha ofrecido a los indígenas un diálogo directo- está en Guayaquil, adonde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas. Tras lo que el propio mandatario calificó de «día triste para la historia de nuestro país», en referencia a los sucesos del sábado y la violencia callejera registrada, este domingo podían verse grandes destrozos en puntos de la ciudad.

Así, por ejemplo, sobre una vía aún estaba el esqueleto de un vehículo policial devorado por las llamas. La fuerzas policiales, por su parte, estaban apostadas en sitios estratégicos y, pese al toque de queda vigente, había personas en las calles. De hecho, persisten los cortes en algunas carreteras y calles, lo que está provocando problemas de desabastecimiento en algunas zonas de Quito donde hay cerrado ya una veintena de mercados.

Desde que estallaron las manifestaciones se han registrado siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, según el balance más reciente publicado por la Defensoría del Pueblo.

El papa Francisco, por su parte, dijo en las últimas horas (antes del rezo dominical del Ángelus) que «sigue con preocupación» la situación en Ecuador, al tiempo que alentó a «buscar la paz social». La protesta que estalló el 2 de octubre en Ecuador también mantiene interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas del país- a través del principal oleoducto del país, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía.

Amparado en la figura de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por un plazo de 30 días, el Gobierno ya había dispuesto días atrás el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos capitalinos. Pero tras la ocurrido el sábado decidió ampliar y endurecer dicha medida.

El sábado Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia, aunque ambos líderes lo negaron entre burlas. «Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista», expresó el presidente ecuatoriano.

En el poder desde 2017, Moreno afronta su mayor crisis por las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del Gobierno anterior de Correa. Además del fin de subsidios públicos, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.

Los indígenas, que representan una cuarta parte de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo. Con la reciente liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.