Colombia da por terminado el conflicto con las FARC tras su desarme

"Con esta dejación de armas, el conflicto realmente termina y comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación", proclamó el presidente Juan Manuel Santos, quien asistió junto a varios jefes del movimiento exguerrillero a la salida del último cargamento con armas entregadas a una misión de la ONU.

El emotivo acto se llevó a cabo en Pondores (Costa Caribe), una de las 26 zonas donde se concentraron desde diciembre de 2016 los rebeldes para su desarme, tras haber firmado la paz en noviembre. Santos puso candado al contenedor con los últimos fusiles que recibió dicha misión de Naciones Unidas, para su inminente fundición. Fue el gesto con el que selló la prolongada lucha que deja casi 7,5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia, destacó durante el acto el "proceso exhaustivo" de desarme. Los observadores internacionales recibieron 8.111 armas de manos de casi 7.000 combatientes, y ya incineraron más de un millón de cartuchos, según Arnault.

Además, han ubicado 510 de los 873 escondites con armamento que tenían las FARC, donde han recolectado 795 armas, 22 toneladas de explosivos, 3.957 granadas y 1.846 minas antipersonales.

"Hoy en efecto desapareció ya oficialmente las FARC como grupo armado, ya las FARC son ciudadanos colombianos sin armas. Seguirán haciendo su proselitismo político pero sin violencia", destacó Santos.

Iván Márquez, uno de los líderes del ya desaparecido movimiento insurgente, ratificó que en adelante las FARC se dedicarán a la lucha política democrática.

"Dentro de poco estaremos realizando el congreso fundacional del nuevo partido político, que seguramente se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia", anticipó.

El lanzamiento está previsto para el 1 de septiembre en Bogotá, en el que los delegados deberán formalizar el nombre de la nueva agrupación política. "No queremos romper con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria", señaló Márquez.

El grupo que fracasó en su intento de tomar el poder durante medio siglo, inicia así una nueva etapa después de negociar y sellar la paz al cabo de cuatro años de negociaciones en Cuba. Sin embargo, con el adiós a las armas de las FARC no termina el conflicto en Colombia.

Aún quedan activos unos 450 disidentes de ese grupo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -una guerrilla más pequeña con la que el gobierno intenta sellar la paz- y bandas dedicadas al narcotráfico de origen paramilitar.

Por lo pronto, los excombatientes comenzarán su vida civil en las 26 zonas de desarme, que pasarán a ser conocidas como "espacios territoriales de capacitación y reincorporación" y estarán bajo vigilancia de las fuerzas armadas.

"La apuesta nuestra es que la inmensa mayoría, a partir de que logremos generar proyectos colectivos económicos, permanezca en esas zonas e incluso vengan las familias a vivir en esas zonas", dijo recientemente Carlos Antonio Lozada, otro dirigente de las FARC. Este martes también salieron niños excombatientes que estaban las zonas guerrilleras.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo en un comunicado que "recibió a 24 menores de edad que salieron de siete zonas veredales", los cuales se suman a los 88 que ya estaban bajo protección estatal. La nueva etapa enfrenta múltiples desafíos que van desde la seguridad física de los excombatientes hasta el lento proceso de amnistía para centenares de presos. En Pondores, Márquez denunció que en los últimos dos días fueron asesinados dos miembros de la exguerrilla.

La Fundación Paz y Reconciliación, que da seguimiento al pacto de paz, calcula que siete rebeldes murieron durante el proceso de desarme. "Luego viene la seguridad económica, que es donde tenemos mayores problemas hoy día; los guerrilleros no saben qué va a pasar pasado mañana con ellos", dijo Ariel Ávila, director de la Fundación.

Una vez terminada su historia militar, las FARC se aprestan a hacer política y a enfrentar la justicia. Los rebeldes y agentes del Estado se someterán a una jurisdicción especial de paz que prevé sanciones alternativas a la cárcel para quienes confiesen crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.