El chavismo se enfrenta también a la ONU: «Es basura»

Al Gobierno venezolano le quedan cada vez menos asideros a los que agarrarse para defender el escrutinio que otorgó a Maduro casi un 53% de los votos en las elecciones. La resolución de la ONU era la única que quedaba por publicarse, después de que los observadores del Centro Carter destapasen las irregularidades del proceso y la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea también hayan declarado que no admitirán los resultados hasta que Caracas haga un ejercicio de transparencia con las actas. La mayoría de la comunidad internacional está en la misma tesis. El apoyo a Maduro se limita a unos pocos países tradicionalmente amigos como Irán, Rusia, China, Cuba o Nicaragua.

Precisamente, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo este martes que en Venezuela se ha instalado un «golpe de Estado» contra su líder, pero se mostró seguro de que el fallecido «comandante Chávez está acompañando a ese pueblo y a Nicolás».

«El proceso de gestión de resultados por parte de la Comisión Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos». Esta es una de las primeras conclusiones del panel compuesto por cuatro observadores de Naciones Unidas que estuvieron en Venezuela durante una semana, desde la víspera de los comicios hasta el 2 de agosto. El documento tiene un carácter preliminar, pero adelanta que el procedimiento seguido por las autoridades venezolanas «no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas».

A la ONU le llama especialmente la atención que la Comisión proclamase presidente a Nicolás Maduro sin publicar ni siquiera los «resultados tabulados». También detecta múltiples restricciones para los votantes opositores y una sospechosa interrupción de la transmisión de los datos de cada mesa a la Comisión Nacional Electoral durante el recuento de papeletas, El Gobierno ha achacado este apagón a un ciberataque del que ni estos expertos ni los del Centro Carter han encontrado indicios.

El informe, finalmente, hace hincapié en que la clave está en las actas electorales originales. Es decir, el papel impreso por las máquinas de votación y recuento, dotado de una serie de códigos e impresiones que lo hace prácticamente invulnerables a los intentos de falsificación.

El régimen se ha negado a facilitar estos impresos hasta el momento, no así la oposición, que consiguió recoger el 83% de las actas por medios muchas veces clandestinos ante la decisión de los delegados oficialistas de expulsar a los testigos opositores de las mesas. Frente a la versión del chavismo de que las actas en manos de la Plataforma Unitaria Democrática son falsas, la ONU ha corroborado que todas las que ha podido analizar contienen los sellos originales. Y no son buenas para el oficialismo. En resumen, darían la victoria al candidato de la plataforma opositora, Edmundo González, por más de tres millones de votos de ventaja.

El Gobierno venezolano ha rechazado de manera «categórica» las conclusiones de la ONU. Su análisis, ha señalado este miércoles en un comunicado, «difunde una serie de mentiras» y «representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica».

La réplica más iracunda ha procedido de Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, en cuya sesión del martes ha aprobado un paquete legislativo para regular el uso de las redes sociales en el país y crear un nuevo registro para las ONG. Este tipo de organizaciones han vehiculizado en las últimas dos semanas las quejas populares por el aparente fraude electoral y, sobre todo, la denuncia de la ola de represión que ha costado más de una veintena de muertes y miles de detenciones.

Al término de la sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez dio rienda suelta a su cólera. Afirmó que el panel de expertos de la ONU «es un panel de basura sin palabra, porque firmaron (un acuerdo) diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas». A juicio del legislador, su difusión, que este miércoles ha sido parcial pero cuyo contenido íntegro la ONU dará a conocer en breve, supone una especie de traición a las autoridades venezolanas. «Van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando», subrayó Rodríguez entre los aplausos de los diputados oficialistas, que suman una amplia mayoría en la Cámara.

El presidente de la Asamblea es el principal vocero del régimen en materia electoral y el que ha dirigido las principales recriminaciones a la oposición junto a Diosdado Cabello, diputado, vicepresidente del Partido Socialista Unido y considerado lugarteniente de Maduro en el gabinete caraqueño. Al comienzo de las movilizaciones populares contra el pucherazo electoral, Rodríguez reclamó a la Fiscalía que actuara contra María Corina Machado y el candidato Edmundo González, líderes de la oposición. Este miércoles ha continuado su discurso más cerrado y propuesto una reforma de la ley venezolana para prohibir la presencia de observadores internacionales en futuros procesos electorales del país. «Que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición», planteó. «¿Por qué tienen que venir?», apostilló, posiblemente en la deriva autocrática más dura en la historia del régimen de Maduro.

La respuesta de la oposición consiste, por el momento, enejercer presión, pero con cautela. Corina Machado dice confiar en las negociaciones internacionales para promover una «solución negociada» con el régimen, puesto que la alternativa de convocar nuevas elecciones pierde efecto a cada día que pasa.

Los expertos coinciden en que nada le impediría al oficialismo aplicar todo tipo de trabas a los sufragistas críticos en unos nuevos comicios o manipular los resultados en caso de derrota. Las normas que el Gobierno reelegido está poniendo en marcha a toda velocidad y que aumentan de facto la batería de posibles delitos de «odio», «terrorismo» o a causa de «actos fascistas» tampoco ayudarían, según estos mismos expertos, a que los opositores desarrollasen una campaña «en condiciones de normalidad».

La Plataforma Unitaria Democrática espera que las gestiones de EE UU con los países de la región y con la OEA fructifiquen. A las conversaciones con el Ejecutivo de Colombia se han sumado las celebradas con el méxicano, en ambos casos a cargo del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este miércoles que México se desvincula temporalmente de esta iniciativa diplomática, dejando solos a los mandatarios de Colombia y Brasil en sus intentos de interlocución con Maduro. Obrador ha dicho que mantendrá esta postura hasta que el Tribunal Supremo de Venezuela dicte sentencia sobre la validez de los resultados electorales en el país. Los magistrados, a los que Maduro ha acudido para legitimar su victoria, se pronunciarán posiblemente este viernes.

Aparte de la frágil vía del diálogo, la oposición también tiene depositadas sus esperanzas en la movilización popular. Ha convocado a los 7,7 millones de venezolanos residentes en el extranjero a que se manifiesten el sábado, 17 de agosto, en decenas de capitales mundiales para exigir respeto a «los resultados del 28 de julio» que dan la victoria a Edmundo González.

El bloque ha llamado a salir a la calle bajo el lema «donde hay un venezolano, hay una voz por la libertad». Lo ha hecho en una decena de países de Latinoamérica, desde Brasil a Ecuador, México y Uruguay, aparte de la propia Venezuela. Entre las capitales restantes figuran las españolas Madrid y Barcelona, Washington, Miami, Nueva York, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Roma o Londres.

Algunos de los convocantes creen que Corina Machado y Edmundo González podrían dar un golpe de efecto y aparecer en la movilización prevista en Caracas. Los dos se encuentran «bajo refugio» para evitar un posible arresto o una situación como la del diputado y colaborador opositor Freddy Superlano, preso e incomunicado desde hace dos semanas. Su partido, el progresista Voluntad Popular, denuncia que ha sido «torturado».