Cristina Fernández de Kirchner pide la nulidad de la causa que la investiga por contratos de obra pública

La exmandataria cree ser víctima de "una maniobra formidable de persecución política", según explicó hoy ante la prensa a su salida de los tribunales federales de Buenos Aires, donde se presentó citada por el juez federal Julián Ercolini, ante quien no contestó preguntas.

La causa busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados, entre ellos exmiembros del anterior Ejecutivo o el empresario Lázaro Báez -colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por lavado de dinero-, integraron una organización "criminal" para "beneficiarse ilegítimamente" de la adjudicación de obra pública en "consecuente y grave detrimento" de las arcas del Estado.

En una improvisada rueda de prensa, Fernández recordó que la requisitoria de los fiscales y el juez versa sobre una "asociación ilícita" que supuestamente su esposo y ella habían encabezado, lo que definió como un "disparate mayúsculo". "Presentamos un escrito pidiendo la nulidad", aseveró.

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, acusan a la expresidenta de un delito de "administración infiel", al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

Al respecto, Fernández mencionó que pidió una auditoría integral de la obra pública desde 2003, cuyo monto total llegó a 107.000 millones de dólares, y mantuvo que la mayor parte estuvo distribuida en energía, vialidad y viviendas y casi el 50 % descentralizada por provincias, no solo en Santa Cruz.

"Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública", añadió Fernández, para remarcar que "el primo hermano" del actual presidente, Mauricio Macri, fue el tercer adjudicatario de obra pública durante su Gobierno, mientras que Báez figura, según dijo, en el puesto 38 de los favorecidos.

Se trata de la segunda vez que la exmandataria debe declarar ante la Justicia, luego de que en abril pasado fuera citada por las operaciones en la venta de futuros de dólar en el Banco Central durante su mandato, procesada por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".