Hablar de seguridad en un país como Honduras es una contradicción

La idea del 'Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Honduras para la Cooperación en el Examen de las Reclamaciones de Protección' es una estrategia para reclutar gobiernos en la región y hacerles que asuman las responsabilidades de asilo y protección de los Estados Unidos. Este documento, en pocas palabras, busca retener en un país –que en 2018 tuvo un promedio diario de más de 10 homicidios, según la Sistema Policial de Estadísticas en Línea (SEPOL) y en el que en la última década han muerto de forma violenta más 46.000 personas– a migrantes procedentes de Cuba, Nicaragua, del subcontinente de Sudamérica y de otros países trasatlánticos.

Resulta absurdo preguntarse ¿cómo garantizarles la vida a migrantes en un lugar que en 2010 fue considerado como el país sin guerra más violento del mundo? Si bien, la tasa de homicidios ha mostrado algunas disminuciones en los últimos años, esta aún duplica la ratio regional y quintuplica el promedio mundial.

Es precisamente esta situación de violencia la que enmarca las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras en donde desde 2011 desarrollamos un proyecto de atención humanitaria para dar atención médica, de salud mental y trabajo social a la población víctima de la violencia y superviviente de violencia sexual en la ciudad de Tegucigalpa.

Entre 2016 hasta mediados de 2019, los equipos de MSF atendieron a 2.048 pacientes víctimas de violencia sexual en Tegucigalpa. De estas, el 70% son supervivientes de violación y de este porcentaje, el 51% son menores de edad. En este mismo periodo, MSF realizó más de 10.000 consultas de salud mental a casi 5.000 pacientes que han sufrido violencia sexual y han estado expuestos otras situaciones de violencia. Sus principales diagnósticos se asocian al estrés postraumático (25,6%), la depresión (23,5%) y la ansiedad (16,7%).

Es evidente que el país centroamericano no tiene la capacidad de garantizar seguridad física, salud y alimentación a los migrantes, teniendo en cuenta que difícilmente lo puede hacer con sus propios ciudadanos. Tampoco tiene los recursos económicos ni las condiciones físicas para albergar y atender por tiempo indefinido a extranjeros que entren y atraviesen el país en su ruta hacia EEUU.

Precisamente por su extrema violencia y debilidad institucional, Honduras ha sido un país expulsor. La situación ha empujado a miles de personas a movilizarse de manera forzada dentro y fuera de Honduras. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre 2014 y 2017 el incremento de personas que se desplazaron a causa de la violencia se multiplicó por seis veces y media pasando de 29.000 en 2014 a 190.000 en 2017.

El fenómeno de las caravanas demuestra que las personas tratan de salir de Honduras como sea. Según datos de ACNUR, entre 12.000 y 14.000 personas migraron en las caravanas de octubre de 2018 hacia EEUU. Aproximadamente tres de cada cuatro eran de nacionalidad hondureña, siendo El Salvador y Guatemala los siguientes países a muchísima distancia). El 63% de los migrantes hondureños afirmaron que su motivación para migrar estaba relacionada con situaciones de violencia directa (amenazas, reclutamiento forzado, asesinato de familiares, entre otras).

El desplazamiento interno no se queda atrás. Entre 2004 y 2019, unas 247.000 personas tuvieron que movilizarse de manera forzada por causas asociadas a la violencia. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos cinco años, según la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia.

En este contexto de violencia estructural, un acuerdo como el que propuso EEUU viola los derechos de las víctimas de la violencia y las expone de nuevo a peligros que podrían costarles la vida. Hoy, en el Día Internacional del Migrante, es vital recordar que Honduras, en definitiva, no es un lugar seguro para alguien que busca y necesita protección.