Retiradas 26 toneladas de residuos de una escombrera «descontrolada» en el río Grande
El Ayuntamiento de Cártama realiza las labores de limpieza por segunda vez en los últimos meses y confirman la estrecha colaboración con la Junta de Andalucía para intentar dar una solución definitiva
26 toneladas. Esa era la cantidad de residuos que conformaba la escombrera «descontrolada» que se había localizado en la cabecera del río Grande desde hace ... varias semanas y que vecinos y guardas rurales alertaban a SUR de su riesgo a nivel ambiental y de incendios. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cártama se ha encargado de retirar los vertidos ilegales que se encontraban depositados en este punto específico.
Las labores de limpieza se producen por segunda vez en los últimos meses en este mismo espacio, lo que empieza a generar preocupación en el organismo municipal ante la posibilidad de que la imagen se repita de forma sistemática. Fuentes municipales recalcan que se llevan meses manteniendo reuniones y estrechando la colaboración con la Junta de Andalucía para intentar dar una solución definitiva a los vertidos que se producen en la zona, que, según explican, es «área de competencia del ente regional».
En la misma línea, el concejal de Servicios Operativos y Gestión de Residuos, Francisco Montiel, defendió el trabajo del Consistorio en esta materia. Los trabajos, explica, se han costeado y ejecutado directamente desde el ente local. «Esto supone un esfuerzo en materia económica y de personal para la Administración local», advierte Montiel, quien añade que estos recursos «podrían destinarse a mejorar otras zonas del municipio en lugar de emplearse en estas limpiezas que, entendemos, corresponden a la Junta de Andalucía».
Desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente confirmaron a SUR que están trabajando junto al Ayuntamiento para detectar el origen de la acumulación de escombros y residuos y poner fin al problema. No obstante, precisaron que en este caso la competencia recae en el Consistorio, al tratarse de residuos urbanos. «Corresponde al Ayuntamiento aprobar las licencias, exigir a los generadores que contraten servicios de recogida autorizados, supervisar el cumplimiento de las normativas locales y sancionar los vertidos ilegales», señalaron desde el organismo autonómico.
Soluciones: cámaras y multas
El Ayuntamiento baraja varias opciones para evitar que la escena se repita en la cabecera del río Grande. Por un lado, recuerdan que la normativa vigente contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Por otro, se está avanzando en la instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas de contenedores más conflictivas: «La idea es disuadir a los infractores y evitar la acumulación de residuos fuera de las áreas habilitadas», subrayan desde el Consistorio.
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El concejal de Policía Local, Juan Francisco Lumbreras, ha detallado que desde el inicio de la campaña especial de vigilancia y control de vertidos, puesta en marcha en agosto, se han propuesto casi un centenar de sanciones, de las que una treintena se impusieron durante el primer mes. «Desde hace varios meses estamos haciendo hincapié en reducir los vertidos ilegales de residuos en la vía pública, especialmente de enseres, escombros, brozas o neumáticos», recalca el edil.
Además, desde el gobierno local destacan la colaboración con Guardia Civil y Seprona para reforzar la vigilancia y frenar estas prácticas incívicas que afectan a los vecinos y al entorno natural del municipio.
Por último, recuerdan que la aplicación de la Ordenanza de Limpieza Municipal, cuya ejecución se ha intensificado, busca «mantener limpias las vías públicas y prevenir la contaminación», prohibiendo arrojar residuos, no recoger excrementos de animales, orinar en la calle o lavar vehículos en la vía pública. «No se trata de una medida recaudatoria, insisten desde el gobierno local, sino de sembrar las bases de una ciudad más limpia, accesible y atractiva para todos».
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