Ocho cargos públicos investigados en Alhaurín el Grande por vertidos fecales
Entre los encartados se encuentran la alcaldesa, Toñi Ledesma, el ex regidor Juan Martín Serón y otros seis concejales de Medio Ambiente desde 2007
Primero fue Coín. Después, Nerja. Y ahora, Alhaurín el Grande. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha entregado ... en el juzgado la tercera fase de la 'operación Vastum' (vertido, en latín) en la que se investiga ya, entre los tres municipios, a 24 cargos o ex cargos públicos por delitos contra el medio ambiente, tal y como ha venido informando SUR.
La investigación se inició en 2017 a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción Andalucía en la cual se ponían de manifiesto «graves irregularidades» en el tratamiento de aguas residuales urbanas que se vierten en el mar o en cauces públicos (ríos o arroyos) sin depurar. El escrito de querella de la Fiscalía de Medio Ambiente refleja que estos tres municipios han actuado «de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los requerimientos de la Administración».
La última fase de la operación se ha centrado en la localidad de Alhaurín el Grande, donde el Seprona investiga a la actual alcaldesa, Toñi Ledesma, al regidor Juan Martín Serón y a otros seis concejales de Medio Ambiente desde el año 2007. Tras citarlos en dependencias de la Guardia Civil, los agentes han entregado las diligencias en el Juzgado número 3 de Coín. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que la jueza abrió diligencias para investigar los hechos.
Las pesquisas del Seprona han constatado que desde el casco urbano de Alhaurín el Grande, así como de algunas de sus pedanías y del polígono industrial La Rosa, se está realizando un vertido continuo a un cauce público sin tratamiento depurativo previo. Ese cauce es, concretamente, el arroyo de la Villa, que es un afluente del río Fahala, el cual recibe la totalidad de las aguas residuales urbanas.
Espacio protegido
El asunto adquiere una gravedad aún mayor si se tiene en cuenta que este último cauce tiene la condición de espacio natural protegido y está incluido en la zona de especial conservación formada por los ríos Guadalhorce, Pereila y Fahala, dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Según la investigación, que ahora obra en poder de la jueza, el estado del arroyo de la Villa y también del río Fahala, tras recibir las aguas del primero (en el tramo previo, su estado se califica de muy bueno), es de «extremadamente contaminados» y su situación, desde el punto de vista ecológico, es mala. Tanto es así que, en el estudio realizado, alcanza los peores valores posibles en cuanto a conservación, hasta que el punto de que su nivel de toxicidad dificulta el desarrollo de la vida acuática. En el informe, se ha detectado la presencia de microorganismos fecales, producto de verter aguas sin depurar.
Estos vertidos no son nuevos, sino que se vienen realizando durante –al menos– los últimos 18 años, lo que, para el Seprona, supone un incumplimiento continuado de las normas tendentes a proteger el medio ambiente. Según la legislación europea, y la trasposición de la misma al ordenamiento jurídico español, un municipio como Alhaurín el Grande, con una población superior a 15.000 habitantes –24.123 vecinos según los últimos datos censales–, debería estar depurando sus aguas residuales urbanas desde enero de 2001.
De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en julio de 2018 a pagar 12 millones de euros –más una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de incumplimiento– por su retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales procedentes de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. Entre esos nueve municipios españoles están Nerja, Coín y Alhaurín el Grande.
Sin depuradora
El portal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge el contenido de la sentencia del TJUE contra España, y añade: «De las nueve aglomeraciones urbanas finalmente incluidas en la sanción, se prevé que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) se encuentren en situación de conformidad antes de finales de 2018». A día de hoy ninguno de estos tres municipios depura sus aguas. En el caso de Coín, la estación ya está construida y funcionando para Álora y Pizarra, pero las lluvias de octubre de 2018 rompieron las canalizaciones coineñas, que están en vías de ser reparadas. Las aguas de Alhaurín el Grande se depurarán en una futura planta que se instalará en Málaga, de la cual aún no se ha finalizado el proyecto. En el caso de Nerja, la planta de depuración sigue en vías de construcción con la previsión de finalizar en verano.
En consecuencia, para el Seprona, los principales responsables del incumplimiento serían los cargos públicos que se han ido sucediendo al frente del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande durante los últimos 18 años (de ahí la nómina de investigados), quienes tenían la obligación legal de conducir y depurar las aguas residuales urbanas antes de su vertido al dominio público hidrográfico. Consideran los investigadores que por parte del consistorio alhaurino no se han llevado a cabo medidas correctoras para contrarrestar el efecto contaminante de los vertidos.
El principal argumento del consistorio de Alhaurín el Grande –y de los otros dos municipios investigados en 'Vastum'– radica en que, a tenor de los acuerdos de financiación entre administraciones, es la Junta de Andalucía la encargada de dotar a los municipios de la infraestructura necesaria, dado que además es la destinataria del canon del agua que los ayuntamientos recaudan entre los vecinos. No en vano, el Seprona también critica que la «laxitud» de la delegación de Medio Ambiente ha favorecido esta situación, ya que tiene el mandato de velar y promover una eficaz protección del medio ambiente, además de controlar y sancionar.
En conclusión, entienden los investigadores de la Guardia Civil que una formula de cooperación entre administraciones no exime del cumplimiento de la ley ni tampoco puede degenerar en que no se presten los servicios de depuración necesarios para proteger el medio ambiente.
Ecologistas en Acción denunció una «estafa» por el cobro del canon del agua
La denuncia inicial de Ecologistas en Acción, que supuso la llave que abrió la 'operación Vastum', señalaba la posible existencia de un delito de estafa al considerar que desde 2011, tras su aprobación en la Ley de Aguas de Andalucía, empezó a cobrarse a los contribuyentes un canon de depuración en sus facturas. El colectivo entendía que los ayuntamientos sin sistema de depuración podían estar defraudando a los usuarios al cobrarle una tasa –aunque el destinatario final del canon es la Junta de Andalucía– por tratar el agua cuando, en la práctica, no la sometían a depuración alguna por carecer de infraestructura.
Ecologistas en Acción apuntaba inicialmente a una decena de ayuntamientos andaluces con poblaciones superiores a 15.000 habitantes, los cuales podían estar incumpliendo la normativa, ya que debían disponer de depuradoras desde 2001. De los cinco señalados inicialmente en Málaga, por los que Europa llegó a condenar a España, se quedaron en tres a raíz de la entrada en funcionamiento de la depuradora de Guadalmansa. A partir de ahí, el foco de la investigación se centró en Nerja, Coín y Alhaurín el Grande.
La Fiscalía encargó las pesquisas en 2017 al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que el 7 de noviembre de ese mismo año remitió un informe preliminar de la documentación obtenida, de la que se deducía «el incumplimiento de la legislación medioambiental» por parte de esos tres municipios en la gestión de sus vertidos de aguas residuales. El 13 de noviembre de ese mismo año, la Fiscalía acordó que se investigaran, por separado, aunque dentro de una misma operación, las tres patas de 'Vastum', que ahora empiezan a llegar a los juzgados de la provincia. En total, las pesquisas del Seprona suman 24 investigados.
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