El nuevo interventor de Guaro cifra su deuda en el doble de la reconocida

En el informe, al que SUR ha tenido acceso, se detalla la deuda. En el apartado financiero, el Ayuntamiento mantiene una obligación de pago a BBVA por valor de 1,5 millones de euros, y el resto de préstamos ascienden a 2,9 millones (el total de esta parte suma 4,5 millones). En cuanto a los proveedores, el total a deber es de 1,58 millones, a lo que se le añaden 890.000 euros de deudas fijadas en sentencias judiciales y 121.000 euros a pagar a la Seguridad Social. La sentencia corresponde a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el incumplimiento de un convenio urbanístico. «Dicha deuda no se hallaa reconocida en contabilidad municipal, ni aún en obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto», apunta el interventor en este apartado.

Guaro debe, además, 46.821 euros a la Administración General del Estado y 334.186 a la Junta de Andalucía. El endeudamiento con la Diputación Provincial de Málaga asciende al medio millón, mientras que al Consorcio Giner de los Ríos se le deben 23.534 euros, por justificación insuficiente de la Subvención de Guadalinfo.

El interventor hace unas breves recomendaciones al final del desglose de la deuda –hay que recordar que se trata de un primer informe–: «A este respecto señalar la necesidad de atender al pago y justificación de obras subvencionadas a fin de no dar lugar a más reintegros. A tal efecto, recordar la necesidad de abono de las facturas correspondientes a las certificaciones de la Obra de remodelación del campo de fútbol municipal, subvencionado por Diputación por valor de 300.000 euros».

El actual alcalde de la localidad anunció este martes los resultados del informe en una comparecencia pública. Posteriormente explicó a SUR que, «aunque no hay que generar un estado de alarma», la situación es «compleja», y requiere de un paquete de medidas urgentes y de un plan de contención del gasto

Tras la exposición de los datos, Carabantes fue muy crítico con la gestión del anterior equipo de Gobierno. «Tras 40 años de gobiernos socialistas, nos encontramos con una deuda desorbitada, que puede arrastrar al pueblo unos 10 o 12 años», arremetía. Asegura que, fruto de esta deuda, el plazo medio de pago a proveedores es de 512 días. Tras las críticas, anunció que su equipo está «buscando medidas para solventar esta situación» y ha realizado una llamada a las administraciones «para que colaboren».

El anterior alcalde, Oña, en declaraciones a SUR, asegura que la conversación a la que se refiere Carabantes «no se produjo en esos términos». «No se me puede acusar de haber dicho otra cosa». Además, «sin ánimo de cuestionar el informe de Intervención», los datos que se reflejan, a su parecer, están «inflados». «Se incluyen sentencias judiciales que no son firmes», argumenta. En cualquier caso, el anterior alcalde asegura que el endeudamiento era «conocido» y que estaba justificado en la importante construcción de infraestructuras que se lleva desarrollando en la localidad durante los últimos años: «Desde la residencia de ancianos, la guardería, distintas instalaciones deportivas, el auditorio e innumerables infraestructuras municipales».