Los terrenos de la antigua zona residencial 'El Molino': un conflicto que persiste tras tres décadas en Cártama

En los años 80, decenas de familias adquirieron viviendas en el Grupo Residencial 'El Molino', un complejo de bloques de pisos situado en el centro del municipio. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer grietas en las paredes y otros defectos que comprometían la seguridad de los edificios. En 1990, los vecinos fueron evacuados de sus hogares por el riesgo de derrumbe, lo que dio inicio a una prolongada batalla legal. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que culminó con la condena a los arquitectos responsables y a la aseguradora, pero la mayoría de las familias afectadas solo recuperaron una pequeña parte de su inversión. La demolición de los edificios no ocurrió hasta 1997, dejando a las familias sin hogar y con la sensación de que la justicia no les había brindado una solución adecuada.

Más de tres décadas después, los terrenos donde se levantaban esos edificios están siendo expropiados por el Ayuntamiento de Cártama, con el objetivo de transformarlos en zonas verdes, áreas libres y aparcamientos. A primera vista, este proceso parece ser una solución al problema que dejaron las viviendas defectuosas, pero ha generado una nueva controversia: las disparidades en las compensaciones económicas.

La expropiación afecta a los propietarios de los terrenos en dos fases diferenciadas. Según unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, los vecinos de la fase 1, los terrenos más cercanos al centro de Cártama, recibirán una compensación de 248,59 euros por metro cuadrado, una tasación considerada adecuada a la ubicación de los terrenos. Sin embargo, los propietarios de la fase 2, más alejados, recibirán solo 8,65 euros por metro cuadrado, dado que sus terrenos han sido clasificados como rústicos. Esta diferencia ha generado un profundo malestar entre los afectados.

Carlos Roldán, hijo de uno de los afectados y portavoz de unos 26 propietarios de la fase 2, denuncia que esta tasación es injusta. «Es un terreno en pleno casco urbano, con acceso a calles y servicios. No entiendo cómo nos pueden valorar como si fuera rústico», comenta Roldán. Los propietarios de la fase 2 han presentado alegaciones al Ayuntamiento solicitando una nueva valoración de los terrenos y una compensación más justa.

Por su parte, algunos propietarios de la fase 1, un total de 22 viviendas, no están en contra de la expropiación ni de la disparidad en las tasaciones. Sin embargo, reconocen que esta diferencia ha generado tensiones entre los afectados. Muchos de estos vecinos consideran que, aunque la compensación es mayor, la expropiación es una solución a un conflicto que ha durado décadas. «Nosotros no nos oponemos a que los de la fase 2 reciban una compensación más justa, pero la ubicación de los terrenos justifica la diferencia», explica uno de los vecinos de la fase 1 a SUR. Además, algunos de estos propietarios señalan que, a lo largo de los años, ellos han seguido pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que los de la fase 2 no lo hicieron, dado que sus terrenos fueron clasificados como zona verde.

El Ayuntamiento de Cártama ha defendido el proceso de expropiación, subrayando que todo se ha llevado a cabo conforme a la normativa vigente. El alcalde, Jorge Gallardo, destacó que las valoraciones de los terrenos se han basado en su clasificación urbanística. «La voluntad del Ayuntamiento es resolver este asunto de acuerdo con la ley. Nos gustaría indemnizar a cada vecino con lo que le corresponde, ni más ni menos», explicó Gallardo, quien también hizo frente a las acusaciones de que el Ayuntamiento estaría favoreciendo a algunos vecinos en detrimento de otros: «Parece que hay quienes piensan que estamos en contra de esos vecinos, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es resolver un problema que ha afectado a muchas familias durante años.»

Por su parte, Miguel García, concejal de Urbanismo, añadió: «Hemos hecho todo lo posible para que la valoración de los terrenos sea lo más justa posible. Incluso hemos sugerido al vicesecretario y a los técnicos que se valore la posibilidad de indemnizar a los afectados por el cambio de clasificación de los suelos». A pesar de que reconoce que la expropiación ha generado tensiones entre los vecinos, García enfatizó que el Ayuntamiento ha actuado con el mejor interés para resolver el conflicto, un proceso que se remonta a más de tres décadas.

No obstante, muchos de los vecinos de la fase 2 siguen defendiendo que la clasificación de sus terrenos como rústicos es errónea. «Aquí no se está valorando la realidad del terreno, que está perfectamente integrado en el municipio. La diferencia en la compensación no tiene ningún fundamento», reitera Roldán.

Este conflicto no solo ha puesto en evidencia las diferencias entre los vecinos y el Ayuntamiento, sino también la falta de información sobre el proceso de expropiación. Algunos de los afectados acusan al Ayuntamiento de no haberles informado adecuadamente. «Muchos no recibieron notificación alguna. He tenido que buscar a los demás vecinos y organizarnos para presentar nuestras alegaciones», insiste.

El uso de los terrenos como aparcamiento público improvisado también ha sido un tema de discordia. Los vecinos que permitieron que sus terrenos fueran utilizados para este fin sienten que no han sido suficientemente compensados por su uso. «Nos dejaron que usaran el terreno para aparcar, pero ahora que lo están expropiando, no nos dan lo que corresponde. Es una falta de respeto», afirma el representante de algunos vecinos de la fase 2, quien también destaca que estos terrenos han sido utilizados durante años para aliviar la falta de aparcamiento en la zona.

A medida que avanzan las alegaciones y las negociaciones, el futuro de la expropiación sigue siendo incierto. Sin embargo, más allá de las disputas y las diferencias, la mayoría de los afectados coincide en algo: lo único que realmente desean es que este largo sufrimiento, que ha marcado la vida de tantas familias durante más de tres décadas, llegue a su fin cuanto antes. Las trabas y desacuerdos pueden persistir, pero la esperanza de ver una resolución definitiva sigue siendo el principal deseo de los vecinos, quienes llevan años buscando justicia para poder, por fin, cerrar este capítulo doloroso de sus vidas. Además, muchos temen que este conflicto se prolongue aún más, afectando no solo a ellos, sino también a las futuras generaciones, que heredarían el peso de una lucha que ya debería haber llegado a su fin