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«Una situación crítica», así define el alcalde de Álora, Francisco Martínez, el panorama del municipio más de dos meses después de la DANA que ... dejó cientos de caminos intransitables y que, a día de hoy, no ha mejorado significativamente. El edil explica a SUR que aún «no ha llegado ni un céntimo» de las ayudas prometidas por organismos provinciales, regionales y nacionales para reparar los 200 kilómetros de caminos rurales que componen este municipio del Valle del Guadalhorce.
La única institución que ha emitido una resolución con un paquete de ayudas ha sido la Junta de Andalucía, según el propio Ayuntamiento. Francisco Martínez explica que la Junta confirmó un paquete de ayudas de unos 55.000 euros tras la primera DANA y aproximadamente 30.000 euros tras la segunda. No obstante, además de no haber recibido aún los fondos, el alcalde recalca que la cantidad es irrisoria: «Es una ayuda insignificante, puesto que solo en emergencias hemos tenido que gastar muy cerca de 500.000 euros».
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Sin embargo, desde la propia Junta explican que Álora no ha recibido los fondos correspondientes a los dos paquetes de ayudas aprobados para 445 municipios y 8 Entidades Locales Autónomas afectados por las DANAs de octubre y noviembre debido a dos motivos. Por un lado, el municipio precisó subsanaciones en su tramitación y no presentó la documentación completa hasta el 30 de diciembre. Por otro lado, tampoco solicitó el anticipo del pago que se aprobó a principios de diciembre.
Además, subrayan que desde el 30 de octubre hasta el 13 de diciembre, bajo la coordinación de Emergencias Andalucía 112, se dispusieron medios materiales y humanos de forma prácticamente diaria en Álora para colaborar en la recuperación de servicios, caminos, accesos e infraestructuras. Estas actuaciones incluyeron efectivos del Infoca, maquinaria de Tragsa (para intervenciones en zonas de Dominio Público Hidráulico), servicios sanitarios y sociales, y la coordinación de Cruz Roja y Protección Civil. Asimismo, destacan que en pocos días comenzarán obras en caminos rurales, al margen de las actuaciones urgentes realizadas en su momento.
Desde la Diputación Provincial de Málaga se recalca que, para que se activen todas las medidas necesarias, es fundamental que el Gobierno central amplíe la declaración de 'zona gravemente afectada de Protección Civil' (zona catastrófica) a más municipios. Hasta la fecha, solo Alhaurín de la Torre, en Málaga, ha sido incluido en la primera fase de medidas urgentes anunciadas el 5 de noviembre. Se esperaba que este listado inicial se ampliara a otros municipios una vez valorados los daños en la provincia, pero esta ampliación aún no se ha producido. Aun así, según ha podido saber este periódico la Diputación asegura estar comprometida con la situación, trabajando en la tramitación de ayudas a familias y empresas, aunque reinciden en la idea que el alcalde debería enfocar sus reivindicaciones hacia el Gobierno central, responsable de esta declaración.
Muchos son los vecinos que han perdido la paciencia tras dos meses de promesas. Es el caso de María Jesús Moreno Sepúlveda, una de las vecinas afectadas por las inundaciones. Más de dos meses después, sigue sin poder entrar con el coche a su casa. Su madre, de 82 años, ha tenido que trasladarse temporalmente a otro lugar porque el camino lleno de agujeros y piedras resulta intransitable. Además, Moreno, que tiene una explotación de caballos, enfrenta un problema urgente: la imposibilidad de que un camión llegue a la cuadra para llevar alimento a los animales, lo que pone en riesgo la vida de estos.
«Llevo dos meses subiendo la comida, el agua, la basura a pulso y sin poder estar con mi madre. Tengo que hacer la comida y llevársela a otro sitio porque no la puedo tener allí. Mi situación es desesperante», relata indignada. También enfatiza que, en su caso, «absolutamente nadie» le ha prestado ayuda. Todos los días camina de su casa al coche y de vuelta, lo que le está pasando factura físicamente, dejándola «destrozada», como ella misma lo describe.
Aunque reclama ayuda, María Jesús Moreno entiende la situación del Ayuntamiento de Álora, que «no puede hacer nada». La zona donde vive pertenece a Dominio Público Hidráulico, bajo la competencia de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), por lo que las obras corresponden a la Junta de Andalucía. Sin embargo, el proceso está resultando tedioso. «Hablé con la directora del 112 y me dijo que iba lento. A mí me parece muy bien que vaya lento, pero tengo una emergencia: me quedo sin comida para los caballos, y mi explotación ganadera está registrada», verbaliza con claro gesto de resignación.
Desde la Diputación Provincial y la Junta reiteran que su compromiso con los municipios afectados sigue vigente, con esfuerzos en marcha para tramitar ayudas directas a familias y planes de asistencia económica. Sin embargo, recalcan que estas ayudas necesitan una base legal clara y definida que solo puede proporcionar el Gobierno central con su declaración oficial de zonas afectadas por la emergencia. Mientras tanto, María Jesús sigue subiendo a su casa a pie por una cuesta empinada y peligrosa. Aunque la ayuda de algún vecino le permite llegar al arroyo con el coche, esta solución no es sostenible. «Ya por lo menos llego con el coche hasta el arroyo, si no llueve, porque cuando llueve lo tengo que dejar otra vez arriba para que no se lo lleve», expresa.
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