Trasladan de un centro de menores a la cárcel al autor del crimen de Arriate

La Audiencia Provincial de Málaga desestimó el recurso presentado por la defensa del joven, que ahora tiene 21 años, y encomendó a la Policía Autonómica que lo condujera el miércoles desde el centro de internamiento Tierras de Oria (Almería) a la prisión malagueña. Ese mismo día se le notificó a las partes personadas en el procedimiento.

Rubén V. R. deberá pasar en la cárcel los cuatro años que le restan de la pena que se le impuso. El joven fue condenado a ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada por asesinar a golpes a María Esther Jiménez, una niña de 13 años cuyo cadáver fue hallado en enero de 2011 en el interior de la caseta de una depuradora de una piscina situada a las afueras de Arriate.

El 15 de diciembre de 2014, sólo 13 días después de que el joven cumpliese 21 años, el juez dictó un auto por el que ordenaba que cumpliese el resto de la pena en prisión, aunque su resolución fue recurrida por el abogado que lo defiende, Andrés Gálvez Jiménez. Ahora, la decisión ya es firme.

La ley prevé que, al llegar a los 21 años, se revise la situación del condenado por unos hechos cometidos cuando era menor. Antes de tomar una decisión, el instructor debe escuchar al fiscal, al abogado defensor y a los equipos técnicos del centro donde está internado y de la Junta de Andalucía.

En el caso de Rubén V. R., tanto el director del centro de internamiento como el equipo técnico de Menores adscrito a los juzgados y a la Fiscalía se mostraron partidarios de que el joven no fuera trasladado a la cárcel para favorecer su «resocialización y reinserción futura». Por el contrario, la abogada Bárbara Royo, que representa a los padres de María Esther Jiménez, solicitó que ingresara en prisión al cumplir los 21 años, ya que es un supuesto previsto en la ley.

El juez, por su parte, consideró que el tratamiento que ha seguido el joven dentro del centro de internamiento ha estado marcado por un «elevado hermetismo» y por la «idea persistente de su ausencia de implicación y participación en el delito», ya que no reconoce los hechos, según la resolución judicial que dictó el instructor el 15 de diciembre.

La abogada de los padres de la menor asesinada considera que la decisión del juez es «la más acertada», a la vista de los antecedentes del caso. «No pintaba nada en un centro de reforma. Su sitio está en la cárcel», manifestó ayer Bárbara Royo tras recibir la notificación del juzgado. Según la letrada, los padres se han mostrado satisfechos de la resolución judicial. «Era lo que ellos querían. Aunque no es muy habitual, es un supuesto que prevé la ley», subraya.

Rubén fue condenado asimismo al pago de una indemnización de 220.000 euros más 66.000 de intereses y costas por la muerte de la niña. El juzgado dictó el embargo de la prestación de desempleo de los padres del menor, así como el saldo de sus cuentas y las devoluciones a las que pudieran tener derecho en la declaración de la renta. Sin embargo, la abogada asegura que la familia de María Esther, que según ella está en una situación económica «muy precaria», no ha percibido prácticamente nada de esta suma.