Acusan a la exalcaldesa de Benalauría y otras tres personas por dar una licencia de obra ilegal

Según se pone de manifiesto en las conclusiones provisionales realizadas por el fiscal, uno de los acusados, con la intención de promover la edificación de una casa en el término municipal de Benalauría, en plena Serranía de Ronda, adquirió una finca rústica de 7.180 metros cuadrados de matorral y superficie de arbolado en pendiente.

Así, en el escrito inicial de la acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, se precisa que este acusado se concertó con otro, que iba a ser su cuñado, constructor de profesión y que estaba estudiando arquitectura técnica, para que llevara a cabo la edificación de la vivienda.

El promotor, "conocedor de las dificultades legales para edificar en suelo no urbanizable", fue al Ayuntamiento donde una técnica municipal, también acusada, "se ofreció a proporcionarle un proyecto técnico para la obtención de la licencia de obras". Una vez tuvo el documento, con firmas supuestamente "falsificadas", el acusado solicitó la licencia.

En el expediente abierto, dicha acusada, "consciente de la ilegalidad de su actuación al haber sido realmente la autora del proyecto", emitió un informe favorable a la concesión de la licencia, considerando la construcción de la vivienda como obra menor. Según el ministerio público, dicho documento era "a simple vista completamente irregular" y no se hizo informe jurídico.

Con ese informe y sin el documento jurídico, "por tanto, apartándose completamente del procedimiento legalmente establecido", la entonces alcaldesa, que concurrió en la lista del PP, dictó un decreto concediendo la licencia, dice el fiscal. La imputada "ha negado en todo momento la autoría de la firma sobre dicho documento, algo contradicho por la pericial que consta en las actuaciones", se indica.

En el Ayuntamiento "no se ha podido localizar el original del decreto de concesión de la licencia y sí solo su fotocopia", se señala en las conclusiones provisionales de la acusación, en las que se precisa que para finalizar el acusado que había realizado la construcción, que ya había terminado sus estudios técnicos, suscribió el certificado final de obras.

Suelo afectado

El fiscal incide en que el suelo afectado por la construcción es no urbanizable por aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al no tener el municipio instrumento propio de planeamiento; además de que las actuaciones no son legalizables, "por no existir justificación alguna de su vinculación" a fines agrícolas o ganaderos.

Se acusa a todos los imputados por dos delitos contra la ordenación del territorio, bien como autores o como cooperadores necesarios o inductores. Así, se solicita para cada uno 15 meses de prisión y multa de 10.800 euros por el primer delito y la misma pena de cárcel por el segundo; en total 30 meses; añadiendo la petición de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.