La plataforma contra la EDAR Norte intensifica la presión en los juzgados y en los despachos para tratar de frenar el proyecto

El letrado asturiano, que se ha desplazado hasta la provincia para comparecer ante los medios y explicar a sus clientes los pasos que va a dar, tiene varios frentes abiertos en los tribunales y los despachos, convencido de que es posible frenar esta obra, que promueve la Junta de Andalucía, a pesar de que los primeros trabajos ya están en marcha.

Actualmente, son una media docena los pleitos ya en curso por lo contencioso-administrativo, que, como insiste, no están resueltos, a los que hay que añadir otros penales. Este escenario es la pieza maestra de su argumento, puesto que insiste, implica que es necesario aclarar cualquier reclamación antes de continuar con la construcción de la EDAR; de no ser así, el daño sufrido en los terrenos expropiados sería irreparable. A pesar de ello, lamenta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque en un primer momento decretó medidas cautelarísimas que detuvieron las expropiaciones de unas 200 fincas, días después, las levantó, con lo que la unión temporal de empresas que ejecuta este equipamiento, ya puede disponer de estos terrenos.

Ante este cambio de postura, Abraira Piñeiro ha puesto en marcha la recusación al tribunal, en el Supremo, con la pretensión de dejar sin efecto la medida. No se ha quedado ahí. En el marco de las labores previstas, que implican la tala de los árboles de frutales de la ribera del Guadalhorce, el representante de este grupo de ciudadanos también ha reclamado, esta vez por la vía administrativa, la licencia de obras a los dos ayuntamientos entre cuyos términos se ejecuta la EDAR, Málaga y Alhaurín de la Torre, aunque la estación estará en este último término.

El motivo es conocer si están autorizados los trabajos concretos que han supuesto crear una rampa, según los vecinos, para que la maquinaria llegue desde Campanillas a las tierras de labor. El pasado martes 3 de junio, de hecho, medio centenar de personas se concentró en este punto para cerrar este acceso y llegaron a dañar este vado, fabricado con piedras. Desde entonces, hay personas allí acampadas. Se ha colocado una barricada, con piedras y ruedas de neumáticos, además de un vallado, en el que hay un cartel, de las asociaciones de vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas, que advierte que está prohibido el paso a la zona que, dejan claro, se encuentra «bajo observación ciudadana activa». El escrito avisa de que, hasta que no quede acreditado que las obras cumplen la legalidad, todo movimiento será registrado y puesto a disposición de las autoridades.

Entre los que participan en esta acción, se ha llegado al acuerdo de que informarán a la Guardia Civil para que levante acta. En estos términos también se ha expresado el abogado.

Marcelino Abraira Piñeiro, además, ha puesto los hechos, que considera una injusticia, en conocimiento de la Defensora del Pueblo de Europa, la portuguesa Teresa Anjinho, al igual que del Parlamento y la Comisión de la UE, a los que reclama que tomen cartas en el asunto.

La Junta, a raíz de la protesta de la pasada semana, aclaró que desconoce los plazos exactos de la constructora para el avance de las obras, una vez que estas han sido adjudicadas, pero sostiene que las expropiaciones están ya cerradas, por lo que se puede disponer de los terrenos.

Desde el Gobierno andaluz dejan claro que desarrollo del proyecto de la depuradora es estratégico para tratar las aguas residuales de Málaga, Alhaurín El Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos. La primera clave importante es que pesa una multa de 634.000 euros cada seis meses por verter aguas sin depurar al río.