Claves técnicas, ambientales y económicas para seguir con la depuradora Norte en la Vega de Mestanza
Los técnicos de la Junta señalan los más de 8 millones de euros ya de sanciones de la UE por no depurar; a la responsabilidad ante terceros, y a factores ambientales como dejar de contaminar el Guadalhorce
Las obras de la depuradora Norte llevan décadas de retrasos, lastradas por la burocracia, los efectos de la crisis económica del final de la primera ... década de siglo, que obligó a reprogramar muchas inversiones. Se suma el cierto freno de los litigios de los vecinos de la Vega de Mestanza, unos 300, que ven peligrar sus cítricos y consideran que el emplazamiento se hace sobre zona inundable y que había alternativas mejores. Las obras de la infraestructura han sufrido varios reveses, dos de ellos en fase de investigación policial: la quema de maquinaria pesada y las presuntas amenazas a trabajadores de las subcontratas. El asunto, en general, tiene aún mucho recorrido judicial, pero, ¿cuáles son las razones de la Junta para defender seguir adelante con esta inversión superior a 105 millones de euros? El plazo previsto de obra es de 36 meses.
Algunas de las líneas las expuso su abogada durante una vistilla en el TSJA en la que el Gobierno andaluz recibió luz verde judicial para seguir con expropiaciones. Otras, figuran en las memorias y documentos técnicos. En suma, la Junta cree que cambiar ahora de emplazamiento esta planta y sus infraestructuras complementarias supondría un daño ambiental, económico y hacia terceros.
Hay que entender que la depuradora no sólo se enmarca en la Vega de Mestanza, entre Málaga y Alhaurín de la Torre, sino que lleva toda una serie de bombeos y colectores, sistemas eléctricos, etc. en otros términos municipales
1. El deber ambiental
No depurar las aguas de Alhaurín El Grande o Cártama produce vertidos al río Guadalhorce. Ya hay en marcha estudios autonómicos para analizar la afección a las especies fluviales. Devolver el agua residual tratada al medio con garantías incide también en una posible recarga de acuíferos aguas abajo. Entre ambos municipios reseñados suman unos 60.000 habitantes, que irán a más.
Hoy se vierten anualmente al río y al mar, 5,9 hectómetros cúbicos de aguas residuales sin tratar. Por ofrecer referencia, son casi 1.800 piscinas olímpicas o el consumo de agua de Málaga capital durante mes y medio.
Además es necesario descargar de trabajo la depuradora del Guadalhorce, que Emasa explota en el polígono homónimo desde hace 25 años. La planta no puede asumir ese crecimiento de la capital volcado hacia el Oeste y el de la corona metropolitana a la que beneficiará la EDAR Norte (Torremolinos, Alhaurín de la Torre y El Grande, el citado crecimiento de Málaga y Cártama).
Además de los vertidos urbanos, también recogerá los industriales de la zona. Algunos de los principales, según el documento corresponden a grandes empresas como Famadesa, Uvesa, Ubago, Limasam, Postres Montero, Facsa Prolongo...
2. El deber ante terceros: las sanciones de la UE
Desde principios de siglo, la agenda europea marcaba la obligatoriedad de saneamiento integral. Poco a poco se fueron sumando y mejorando procedimientos en el litoral y principales ciudades, hasta el punto de que el agua terciaria, válida para riegos y usos industriales, entre otros, es la que predomina. Pero quedan dos puntos negros de vertido: el Guadiaro y este tramo del Guadalhorce.
La carencia de la EDAR Norte motiva multas por parte de la Unión Europea que ya suman más de 8 millones de euros y que irán a más en tanto no estén en marcha las fases para Alhaurín El Grande y Cártama. La cuantía aumentará en 1,2 millones al año (son semestrales) y es posible que se sume otro expediente sancionador de la Unión Europea, relativo a Cártama. Las sanciones históricas, muchas ya resueltas, superan los 20 millones. Dinero público que desembolsa la Junta de Andalucía.
Mover de sitio ahora la EDAR y reiniciar el proceso llevaría no menos de cuatro años, lo que aumentaría otros 5 millones más la sangría. De hecho, éste fue uno de los argumentos jurídicos expuestos en la citada vistilla. Si se va a juicio y se paraliza, la otra parte debería constituir una garantía que al menos cubriera esta cantidad.
En este punto, la Junta considera que se le haría un perjuicio institucional a Andalucía y a España frente a los socios comunitarios.
3. El deber económico
La inversión en proyectos previos, estudios y trámites supera ya los 6,5 millones de euros. Si se rescindiera el contrato con la unión temporal de empresas constituida por Sando, Dinotec y Aquambiente habría además que indemnizar. Este hecho, sumado a las cuantías económicas derivadas de las sanciones, es otro elemento clave a juicio de la Junta. La obra y su proyecto fueron adjudicados en 2021 y el contrato se formalizó al año siguiente.
4. ¿Por qué este emplazamiento?
Ésta es la cuestión más delicada, pero, en ella, la Consejería de Agricultura asegura que siempre fue el lugar elegido por los técnicos . Y así se recogió en el Plan Especial de Ordenación del Área Metropolitana (POTAUM), de 2006, y en el PGOU de la capital, de 2011. Los cinco ayuntamientos interesados estuvieron de acuerdo con el emplazamiento y, finalmente el verano pasado, firmaron un protocolo para sentar las bases de la gestión de esta gran depuradora metropolitana. Queda por cerrar la fórmula jurídica, pero, en principio, será Emasa, la empresa pública malagueña, la que gestione estas instalaciones.
5. ¿Es zona inundable?
La Junta argumenta que la cuestión de la inundabilidad que plantea la defensa de los vecinos ya se contestó con las alegaciones (BOJA del pasado 15 de noviembre) y que ya ha sido estudiada. Existe un informe de la primera DANA del otoño pasado, la de octubre, cuando el Guadalhorce se desbordó. La cota de inundabilidad de los futuros terrenos se sitúa entre 16-18,50 metros y, durante las lluvias, llegó a 15,40-15,72.
6. ¿Cuál es el impacto ambiental?
Como toda infraestructura de este alcance, está sometida a una exhaustiva declaración de impacto ambiental. Además, desde la Junta se asegura que se sigue trabajando sobre el terreno por si hubiera que aumentar las medidas correctoras.
Es un proyecto que ha sido sensiblemente modificado. Los técnicos lograron, en este sentido, reducir la huella física de las instalaciones en un 30% y además han realizado mejoras funcionales y ambientales en el proyecto. En el planeamiento citado, la parcela reservada era de 29,2 hectáreas. En el primer proyecto, las instalaciones ocupaban 18,6. En el definitivo, se rebaja a 12.
Se mejora con los cambios también la capacidad del pretratamiento. Se ha diseñado para tratar 125.000 m3 (capacidad futura) en lugar de los 75.000 (capacidad actual). El resto de la planta tratará 75.000 m3/día que es el caudal de diseño. En el futuro, cuando sea necesaria la ampliación de la planta a 125.000 m3, se ejecutará en la misma parcela. Se ha previsto una nueva tecnología que no necesitará más superficie.
Otros cambios influyen en cuestiones muy técnicas como la obra de llegada, los canales de desbaste, la zona de desarenado y desengrasado, tratamiento primario, reactor biológico o en los decantadores secundarios… También se soterran la línea de alta tensión necesaria para alimentar la planta y varias conducciones.
7. El impacto sobre el sector agrícola
El proyecto incluye la ejecución de un tratamiento terciario, que posibilitará la reutilización del agua regenerada para el riego agrícola. Partiendo de un caudal medio de 50.000 m3/día, se estima que la producción de agua regenerada permitiría regar una superficie de más de 3.000 hectáreas de cítricos o cultivos subtropicales.
Según cálculos técnicos de la Junta, la zona de cítricos afectada por las expropiaciones es de 13 hectáreas y que es menos del 2% de la dedicada a este fin en la ciudad de Málaga. El tamaño medio de las explotaciones de naranjos es de 5,92 hectáreas en Andalucía y, en este caso, es mucho menor, 3,27. Además, se razona que hay muchos frutales abandonados y se estima el perjuicio anual por cosechas en 83.964 euros. Las familias serán compensadas por la vía expropiatoria.
En cuanto a los cítricos afectados, según las mediciones aportadas por la Junta, pasan de ser 7.905 a 4.804. Es una afección que se reduce un 40% con respecto a la idea inicial.
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