Sánchez estudia impugnar ante el TC la propuesta de Vox, PP y Cs que pide ilegalizar fuerzas secesionistas

La posibilidad de impugnación del texto ofrece dudas porque no se trata de una iniciativa con fuerza vinculante ni con carácter ejecutivo. Pero el propio Sánchez ha recordado, primero en la Ser y luego en TVE, que en el último año se han llevado a la Corte de Garantías resoluciones del Parlamento de Cataluña que tampoco tenían fuerza de ley. Una de las más relevantes, la que reprobó al Rey y abogó por la abolición de la Monarquía hace cerca de un año.

El Ejecutivo recurrió ese texto al Constitucional a pesar de que el Consejo de Estado consideró que no existía base para hacerlo. El órgano consultivo entendía que, por más que entrañara una grave deslealtad constitucional, la resolución del Parlament no pasaba de ser una declaración política que debía ser respondida en idénticos términos. El tribunal, sin embargo, dio la razón al Ejecutivo y, por unanimidad, concluyó que el legislativo catalán había adoptado una decisión «fuera del ámbito de sus propias atribuciones», que acabó anulando.

Sánchez ha admitido que los Parlamentos tienen autonomía pero también ha alegado que «no deben exceder de sus propias competencias» y ha acusado a PP y Cs de dejarse arrastrar por la ultraderecha «en un sentido contrario al de la Transición», durante la que, ha recordado, se legalizaron fuerzas políticas de distinta ideología.

El líder del PSOE ha reiterado, por otro lado, su intención de recuperar el delito de celebración de referéndums ilegales que el PSOE derogó en 2005 junto a las fuerzas nacionalistas después de que hubiera sido aprobado en 2003 por el PP. El pasado febrero, los socialistas volvieron a rechazar su reincorporación al Código Penal, pero Sánchez alega ahora que ante la amenaza de que la Generalitat convoque otra consulta «que tensione la sociedad» y ponga en cuestión la soberanía nacional, es necesario.

Al mismo tiempo, en todo caso, ha llamado a las fuerzas independentistas a participar en una mesa de diálogo de todas los partidos con representación en la Cámara autonómica «sin exclusiones». «A partir de ahí -ha dicho- el Gobierno ayudará a canalizar una crisis de convivencia que, tenemos que tener claro, no se va a resolver en meses».