Jueces con billete de ida y vuelta al Parlamento

Mientras las fuerzas políticas se han lanzado en busca de un prestigio y una credibilidad que atraviesan horas bajas, los profesionales de la toga reivindican su derecho a participar en los asuntos públicos. "También somos ciudadanos", recuerda Ignacio González, el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. ¿Pero qué ocurre cuándo el billete de este viaje es de ida y vuelta?

En la memoria colectiva perdura el caso del juez Baltasar Garzón. Su carrera en la Audiencia Nacional se vio interrumpida entre 1993 y 1994 por su presencia en las listas del PSOE y de ahí a formar parte del Gobierno de Felipe González en una Secretaría de Estado, un puesto de menos lustre que el que su ambición reclamaba. Tras su paso por el Ejecutivo, Garzón regresó al juzgado donde desempolvó la investigación sobre los GAL y la guerra sucia contra ETA. Él siempre negó que la venganza animara aquella decisión.

No fue el único que dio el paso. En aquellos mismos años los socialistas sumaron a su proyecto a Ventura Pérez Mariño, que renunció a su escaño antes de concluir la legislatura, y Alberto Belloch, que sí hizo carrera ministerial por partida doble.

Las organizaciones judiciales defienden las aspiraciones de jueces y magistrados. "Nada que objetar en cuanto al acceso a la política", asegura Celso Rodríguez, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Pero unos y otros comparten la inquietud de que "el retorno" a los juzgados, que ahora es automático, "debería estar regulado". Especialmente, matizan desde Jueces para la Democracia, si la vuelta tiene como destino "órganos judiciales calientes" en los que se investigan, por ejemplo, posibles casos de corrupción política.

Según Rodríguez, aquellos que imparten justicia no sólo deben cumplir los requisitos de independencia e imparcialidad, sino que tienen que mantener la "apariencia" de esa imparcialidad y, por lo tanto, no verse inmiscuidos en instrucciones que afectan a quienes hasta hace unos meses han sido sus adversarios o compañeros de filas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla hasta 16 causas de abstención o recusación. En concreto, quien haya "ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito" o "haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", deberá inhibirse.

Pero las asociaciones echan en falta una regulación más específica. El pasado abril, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, avanzó su intención de integrar este debate en la estrategia de su departamento para la próxima legislatura. "Volver a la carrera judicial al día siguiente (de abandonar la política) no es una buena solución", valoró. Por ahora, sin embargo, no ha definido su propuesta. Desde la APM, Rodríguez contempla que se fije un periodo de carencia entre una y otra actividad o bien que se establezcan mecanismos que permitan asignar destinos que nada tengan que ver con el mundo de la política.

Fenómeno en la izquierda

Los populares, afectados por diversos escándalos de corrupción, han convertido esta cuestión en un motivo de denuncia en las últimas semanas. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, censura con su habitual contundencia que el juez que instruye el 'caso Gürtel', José de la Mata, fuera director general en el ministerio de Justicia del último Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "La confusión es evidente", asegura.

Aunque el fenómeno de los fichajes no es exclusivo de la izquierda y en las listas del PP aparece algún juez como Juan Ignacio Zoido, lo cierto es que para el 26 de junio el PSOE o Podemos son las organizaciones que más han recurrido al fichaje judicial para la elaboración de sus candidaturas.

En el caso del partido de Pablo Iglesias, Yllanes, que estaba llamado a presidir el juicio contra la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, repite como número uno por Baleares. Quien no se sumó al proyecto, pese a ser tentado, fue el instructor de la misma causa, José Castro, y la formación ha perdido por el camino a Victoria Rosell, denunciada por presunta prevaricación por el exministro de Industria, José Manuel Soria. Los socialistas, por su parte, han rescatado del Tribunal Supremo a Margarita Robles, que ya formó parte del último Gobierno de González como número dos de Interior, y vuelven a contar con Juan Carlos Campo y María Dolores Galovart.

El portavoz de la APM quiere pensar que "cuando un grupo político acude a la carrera judicial en busca de candidatos intentar proyectar una imagen de seriedad, honestidad, integridad y aporte intelectual". Jueces para la Democracia intuye, además, que el auge se debe a que en plena crisis los jueces han tenido un papel relevante en la defensa de los derechos de los ciudadanos que les convierte "en una figura atractiva" a ojos de los votantes.