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Martes, 7 de junio 2022, 18:54
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La candidata número dos en la candidatura del Partido Popular por Málaga a las elecciones en Andalucía, Patricia Navarro, ha encontrado la palabra que a su juicio mejor define la inversión de la Junta en la provincia durante los últimos años: hiperactividad. Así ha valorado los 1.982 millones de euros en infraestructuras públicas licitados desde la llegada de su partido al Gobierno andaluz. Para esto, dijo, ha sido esencial la entrada en vigor de dos normas aprobadas en esta legislatura a iniciativa del Ejecutivo autonómico: la ley del suelo (LISTA) y la simplificación administrativa.
Lo hizo en una reunión mantenida en el Colegio Oficial de Arquitectos con el decano, Francisco Sarabia, y parte de su equipo, a quienes les comentó que la obra pública es, a su juicio, uno de los motores esenciales de la economía de la provincia. «El grueso de la inversión pública destinada a infraestructuras ha generado, sin duda, actividad y trabajo para estos sectores -dijo en referencia a los arquitectos, ingenieros, promotores-, pero también empleo, porque una manera de reactivar la economía es activando la inversión en obra pública en todo lo que depende de la Junta de Andalucía, y eso hemos hecho».
Para la candidata, de toda la obra pública licitada, destaca la promoción de viviendas a precios asequibles por la necesidad existente en ese sector ante el aumento de la población que está experimentando la provincia. «Es un inicio de lo que debe venir en la próxima legislatura: precios asequibles en compra y alquiler, una oferta destinada especialmente a los jóvenes que se quedan fuera de las ayudas sociales o del régimen especial, pero que tampoco llegan a los precios actuales porque no tienen capacidad de ahorro para afrontar esas entradas e hipotecas», dijo la candidata, que abundó en que se trata de «poder atender a ese grueso de la población que no cumple los requisitos para acceder a una vivienda social».
Navarro señaló que «la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) pone fin a dos décadas de LOUA, un conjunto de normas dispersas que a veces colisionaban entre sí y que hacían necesario un cambio normativo para dotar de seguridad jurídica al sector, a los ayuntamientos y a los particulares».
También celebró los tres decretos de simplificación administrativa impulsados por el Gobierno de Juanma Moreno, que han supuesto la adopción de 329 medidas que mejoran hasta 80 normas y han logrado la reducción de un 30% de los trámites y plazos actuales, según aseguró.
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