Unai Sordo pide al Gobierno que sea «valiente» en la aplicación de la Ley de Vivienda e impulse el alquiler asequible

Las recetas de Sordo para solucionar el problema de la vivienda pasan, en primer lugar, por «desplegar un parque público de viviendas mucho más ambicioso del que hemos tenido hasta ahora». «En segundo lugar, hay que buscar iniciativas públicas para poder movilizar las viviendas vacías que existen en nuestro país. Creemos que España puede utilizar los fondos europeos para rehabilitar viviendas y áreas urbanas enteras con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y muchas de esas viviendas, si están vacías, deberían incorporarse a los parques públicos de vivienda en alquiler, con condiciones asequibles para los las personas que entran a vivir y con condiciones de seguridad para los propietarios», ha añadido. Y en tercer lugar, «es necesario que las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos, puedan determinar las zonas tensionadas, es decir, zonas donde el precio del alquiler o de venta es tan disparatado sobre la renta media de las personas que viven allí, que necesariamente tengan que tener precios intervenidos, es decir, que no se puedan revalorizar de cualquier manera los precios cuando estén por encima del 30 o del 35% de la renta disponible de las familias que allí viven», ha argumentado Sordo, que considera «más que probable» que un «número muy importante de comunidades autónomas boicoteen la Ley de Vivienda estatal».

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha afirmado que la situación actual «requiere de gobiernos valientes, no como el andaluz que está haciendo una política totalmente contraria a garantizar el derecho a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra». «De hecho, la Junta no cumple el Estatuto de Autonomía ni la Ley de Vivienda que hoy está vigente en nuestra comunidad y que es una de las más pioneras del conjunto del Estado», ha explicado la dirigente andaluza. «En esa ley se establece que no se pague más de un tercio en caso de compra de vivienda o más de un cuarto en caso de alquiler y el Gobierno andaluz se lo está saltando. Además, tampoco construye viviendas de VPO y en materia de alquiler tiene a jóvenes esperando con un bono que viene con recursos del gobierno de España que sigue sin ponerse en marcha», ha concluido.

Sordo ha afirmado también que la vivienda «es uno de los grandes problemas sociales pero también uno de los grandes problemas económicos que tiene nuestro país». «Es un problema social porque tener una vivienda digna tendría que ser un derecho un derecho fundamental constitucionalmente reconocido y en cambio la vivienda en España se ha utilizado durante muchos años como una política destinada a garantizar precios abusivos, como un bien de especulación o como un activo de valorizable», ha explicado el secretario general de CC OO.

La ministra, por su parte, ha agradecido a CC OO la organización de esta jornada sobre un tema que, según ella, es «prioritario para el Gobierno de España en esta legislatura» y ha aseverado que «va a poner todos los recursos del Estado disponible a esta finalidad». «Vamos a inyectar hasta 4.000 millones de euros en préstamos que van a ir avalados con otros 2.000 millones adicionales provenientes del ICO para que se puedan construir más viviendas asequibles y eficiente desde el punto de vista energético, abaratando mucho de las facturas de los consumos eléctricos», ha explicado Rodríguez.

La ministra ha declarado que el Gobierno central «aboga por un nuevo mercado de la construcción, por nuevos empleos que tienen que venir marcado por la digitalización, por la industrialización de la construcción y que tienen que dar cobertura y entrada al mercado de la construcción a las mujeres que representa una parte muy pequeña de ese sector».

Por su parte, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha denunciado la política urbanística del Ayuntamiento de Málaga y del Gobierno de Andalucía. «¿En qué piensan el Gobierno municipal y el andaluz cuando autorizan las construcciones de edificios para viviendas con un coste por vivienda superior a los 4 u 8 millones de euros, o autorizar la construcción de torres de viviendas donde alquilar una de ellas superan los 4.500 euros al mes? Indudablemente, en la población malagueña no», ha criticado.

Cubillo ha sacado a la palestra la polémica sobre la torre del Puerto y también ha pedido al Gobierno que cumpla sus promesas electorales. «Desde CCOO le pedimos a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana que no se autorice la construcción de esa torre del puerto, porque no está pensada para los malagueños. También le pedimos que desde el gobierno de España se promuevan la construcción de esas 10.000 viviendas comprometidas en la pasada campaña electoral municipal y tan necesarias para dar solución a los problemas habitacionales de los malagueños», ha afirmado.