El Tribunal de Cuentas avala el gasto derivado de la pandemia

De esa cifra total, 68.090 millones corresponden a obligaciones reconocidas por la Administración General del Estado y 28.748 millones a ayudas sociales y del mercado laboral, referidas a la Seguridad Social, el SEPE, el Fogasa o Muface. De todas ellas, destacan las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE (13.644 millones), las exoneraciones de cuotas de empresas acogidas a estas herramientas (5.567 millones) y las prestaciones por cese de actividad de autónomos (4.917 millones).

El balance de la Seguridad Social, incide el Tribunal, recoge un patrimonio neto negativo por cuarto año consecutivo, que en 2020 se cifra en 68.049 millones. Ese año el Estado otorgó préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social por 30.330 millones, elevando su endeudamiento hasta los 85.351 millones. En este sentido, entre sus recomendaciones el Tribunal llama a adoptar medidas urgentes para reducir esas cifras.

La institución también ha detectado algunas incidencias ocurridas en el periodo, como la infravaloración de provisiones por futuros gastos que podría tener que asumir el Estado. Entre ellas, destacan los avales del ICO, que se calculan en 4.260 millones y que «si se hubieran calculado con otros parámetros se habría producido un incremento en 1.074 millones de euros».

Del mismo modo, y según consta en el documento, se ha detectado la infravalorazión de, al menos, 400 millones en la provisión para devolver impuestos, para la deuda avalada por el Estado en la Sareb o por responsabilidades derivadas y para las responsabilidades derivadas de sentencias judiciales, con una infravaloración calculada en 1.365 millones.

En la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020, el Tribunal de Cuentas también advierte de algunas salvedades a corregir. Entre ellas, un desajuste en el resultado presupuestario consolidado, sobrevalorado en 2.008 millones por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos. Así, se observan gastos e ingresos presupuestarios que deberían haberse imputado en 2020 y que se imputarán en sucesivos ejercicios y, por el contrario, obligaciones y derechos que, correspondiendo a 2019, se han imputado en 2020.