Trabajo modificará la ley para poner fin a los falsos autónomos

Para «promover el empleo de calidad y con derechos», la próxima iniciativa en la que se centrará el Ministerio será luchar contra los falsos autónomos, para lo cual actuarán a través de dos vías. La primera es modificar la ley y clarificar la definición de lo que es realmente un asalariado y un trabajador por cuenta propia, colectivo en el que –según dejó claro Díaz– no se incluyen los empleados de plataformas digitales como los repartidores a domicilio. «Los falsos autónomos están encubriendo verdaderas personas trabajadoras asalariadas, un ejemplo de ello son muchos de los 'riders' que vemos en nuestras calles», denunció la diputada de Unidas Podemos, quien enfatizó que «un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo».

La segunda vía con la que pretenden perseguir la actual proliferación de falsos autónomos es reforzando las inspecciones y las sanciones a estas empresas con modelos de relaciones laborales fraudulentas, tales como Glovo o Deliveroo. En este sentido, el Gobierno reforzará los efectivos para que se cumpla la ley en lo relativo a la jornada laboral, los salarios, los contratos temporales o la prevención de la discriminación, según avanzó la ministra, que se hace eco de una demanda hecha por los sindicatos de la Inspección de Trabajo, que aducen falta de personal para actuar con efectividad. En esta línea, Díaz apuntó que a lo largo de este año desarrollarán el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos, entre los que citó a los 'riders'.

Los esfuerzos de la Inspección se centrarán en el abuso de la contratación temporal concatenada para un mismo trabajador o un mismo puesto; en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios. Y para reforzar el sistema de control y sancionador utilizarán mecanismos de Big Data, según detalló. «Ahora es especialmente importante reforzar el papel de la inspección para atender a las nuevas formas de trabajo atípico», afirmó, al tiempo que criticó algunas Ofertas de Empleo Público (OPE) que se publican en materia de género y de edad que son «vergonzantes».

Pese a que en su intervención inicial pasó de puntillas por su promesa de derogar la reforma laboral, rechazó la críticas realizadas por algunos grupos parlamentarios de que no veían ahora «compromisos concretos» en esta materia. «Mentiría si dijera que la voy a derogar de golpe, pero vamos a cambiar la reforma laboral», aseguró la diputada gallega. No quiso dar detalles porque están ahora en plena negociación con patronales y sindicatos, pero sí avanzó que se va a derogar la actual prevalencia del convenio de empresa para en algunos supuestos darle prioridad al convenio sectorial y, en otros, al convenio autonómico, algo que hasta ahora no había dicho y que parece un claro guiño al PNV.

Otro de los objetivos inmediatos de la ministra de Trabajo es unificar y mejorar el sistema de protección por desempleo, ya que aún hay más de 3,2 millones de parados registrados, a los que quiere aumentar la cobertura y «garantizarles unos ingresos dignos y estables». Para ello establecerá una nueva regulación del sistema asistencial por desempleo con el objetivo de elevar la tasa de cobertura y la intensidad para las personas que lo necesitan.

Se trata de unificar el sistema por desempleo para dar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, reforzar la protección y minorar las cargas administrativas, con una automatización de los subsidios similar a las prestaciones contributivas, algo que está en línea con el modelo de protección de los países del entorno y con los informes del Consejo de Europa y la Carta Social. Esta unificación de los subsidios, a la que ya se había comprometido la ministra del PP Fátima Báñez hace dos legislaturas, se hará este mismo año y en el marco del diálogo social.

En esta misma línea de mejorar las ayudas, se comprometió a aumentar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el indicador por el que se actualizan muchos subsidios y ayudas públicas y que lleva prácticamente una década congelado.