¿Cuánto puede costar implantar el control horario?

El pasado 12 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva medida aprobada unos días antes por el Congreso: extender a todos los trabajadores de empresas la obligación diaria de 'fichar' al entrar y salir del trabajo. Entre comillas, porque el mecanismo que utilice el empresario para llevar este control horario es libre y no tiene por qué ser pasar una tarjeta por un torno a la entrada y salida del centro: vale tanto una hoja Excel para firmar a mano como la más sofisticada aplicación de software; incluso puede haber diferentes sistemas en una misma compañía, al cohabitar distintos tipos de trabajo. «En el siglo digital no se puede ni se debe considerar el registro de jornada como el acto de meter una ficha en una máquina a las 8 de la mañana», explican desde el Consejo Español para el Registro de Jornada, una institución de nuevo cuño.

La gran preocupación para las empresas es a cuánto puede ascender el coste de la puesta en marcha de esta medida. Sin embargo, el abanico es muy amplio, pues puede ser incluso de cero euros para aquellos que registren los horarios con una firma a bolígrafo en una hoja Excel. Las gigantes del software se han lanzado de inmediato a ofrecer diversos sistemas y aseguran que están recibiendo un aluvión de consultas. Así le sucede a Sage Iberia, que rápidamente vio la oportunidad de negocio y lanzó una solución 100% cloud donde los empleados pueden acceder tanto a través de un navegador como de una app en el móvil y que está pensada para todo tipo de empresas. Su implantación es sencilla –­explican–­ y el precio oscila entre los 0,5 euros por empleado por mes para empresas grandes hasta los 2 euros para las más pequeñas. Esto significa que para una pyme que tenga 50 empleados le supondrá un coste extra de 1.200 euros al año. Para quien no esté entre sus planes gastarse ese dinero cada mes, Amazon vende dispositivos desde poco más de 30 euros para el registro de la entrada y salida a través de la huella dactilar.

Y es que aunque es común que las grandes empresas ya dispongan de estos registros de entrada y salida del trabajo, no es nada habitual entre las pequeñas, que son las que predominan en España. De hecho, un 98% de las compañías tienen menos de 100 trabajadores.

Hasta la aprobación de esta ley nadie se había tomado en serio este tema. Así lo refleja una reciente encuesta realizada por Softdoit, que concluye que solo una de cada tres empresas dispone de un control horario (un 37%, concretamente). Pero hay otro dato más preocupante: el alto desconocimiento que hay todavía de esta normativa, ya que menos de la mitad afirma conocer este decreto ley (un 46,6%), lo que implica que más de la mitad de las compañías ignoran la obligación que tendrán a partir del próximo día 12. Y no es un tema baladí, puesto que aquellas empresas que no cumplan con esta norma podrán ser castigadas con sanciones de hasta 6.250 euros.

La medida, para la que el Gobierno ha dado un plazo de dos meses para su entrada en vigor, tiene por objeto poner fin a las horas extras sin cobrar, garantizar el derecho a la desconexión digital (no tener que responder ni mensajes electrónicos, ni whatsapps, ni llamadas fuera del horario laboral) y asegurar que entre jornada y jornada haya un descanso mínimo de 12 horas, resaltan desde la Universitat Oberta de Catalunya. En este sentido, la profesora Mar Sabadell asegura que «establecer más flexibilidad y mejorar la capacidad de los trabajadores para realizar ajustes en su tiempo de trabajo es positivo», pero que «habrá que ver si la flexibilidad queda mermada con el registro del horario». A su vez, su compañero Pere Vidal advierte de que en los sectores en los que predomina la flexibilidad horaria y laboral la implantación del registro obligatorio «puede provocar que los trabajadores se vean encorsetados en un horario de entrada y de salida, una opción muy alejada de sus intereses».

Cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extras en España, y prácticamente la mitad (un 46%) no se paga, lo que significa además que tampoco se cotiza por ellas. Desde la inspección de trabajo aseguran que van a poner el foco en destapar el exceso de horas principalmente en el sector del comercio, hostelería y construcción, que es donde consideran que se concentra el fraude y además donde las personas están más desprotegidas. De hecho, una cuarta parte de las horas extras no pagadas se realizan en el comercio y la hostelería, según se extrae de los datos de la EPA.

Se trata, no obstante, de una medida que no ha satisfecho a ninguna de las partes: ni a sindicatos, ni a empresarios ni a la mayor parte de expertos. «Lo que ha hecho el Gobierno es seguir sin regularlo y no tiene nada que ver con lo que habíamos acordado», se lamenta Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO, que critica que se ha «descafeinado» hasta tal punto que la última palabra la tiene el empresario. Tampoco le gusta que se haya hecho de una manera tan «imprecisa», que no se sabe si a los trabajadores se les informa una vez al día o una vez al año. Los sindicatos exigían incluir la obligación de dar a los trabajadores un resumen mensual de las horas realizadas.

Desde CEOE también resaltan que «no ha existido negociación» y muestran su preocupación por la «ausencia de pautas concretas». Por su parte, Ignacio Jabato, socio de Cuatrecasas, hace hincapié en que «la norma no introduce ningún elemento de diferenciación por sectores ni contempla medidas concretas para teletrabajo o jornadas flexibles».