Inspecciones sorpresa y más multas, el plan del Gobierno contra la explotación laboral

Mujeres trabajan en la fábrica de turrón 'El Artesano', en Jijona. /Archivo
Mujeres trabajan en la fábrica de turrón 'El Artesano', en Jijona. / Archivo

El Gobierno pondrá en marcha en dos semanas un plan para «recuperar derechos y mejorar la calidad del empleo»

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

El Gobierno es consciente de que la explotación y la precariedad laboral constituyen en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad. Por eso, apenas un mes después de aterrizar en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ya tiene listo un Plan Director contra la Explotación Laboral para los años 2018-2020, que busca «hacer frente al deterioro de las condiciones de trabajo que caracteriza nuestro mercado laboral en la actual etapa de salida de la última crisis económica», como se explica en el borrador al que ha tenido acceso este periódico y que todavía está sujeto a modificaciones, puesto que ha sido remitido a los agentes sociales, sindicatos de inspectores de trabajo y comunidades autónomas para que, si lo estiman oportuno, hagan alegaciones.

Se aprobará antes de que termine el mes de julio con el fin de aplicar este mismo verano «planes de choque contra la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva», tal y como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso el pasado martes. «Será un cambio de rumbo en las políticas laborales», prometió el presidente, que enumeró varias de las principales medidas que pondrá en marcha para erradicar la precariedad laboral, como luchar contra el fraude de los falsos autónomos y becarios, el exceso de jornada y las horas extraordinarias ilegales, las discriminaciones en el empleo por razones de género, raza o edad, así como potenciar la prevención de riesgos laborales y combatir el fraude laboral y la economía sumergida.

El nuevo Ejecutivo es consciente de que son demasiadas las ocasiones en las que el trabajador no está recibiendo el trato que debería, incumpliendo de manera reiterada la normativa laboral vigente. Ya no se trata solo de luchar contra el fraude del empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, un plan que emprendió la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, y que ahora en parte corrige y amplía, sino que el «objetivo principal» es «recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo», como se resalta en la primera página del documento. De esta manera, el Ejecutivo confía además en mejorar la «sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social», puesto que a mejores empleos, mayor recaudación.

Para ello, la estrategia que implantará el Gobierno será reforzar las actuaciones desarrolladas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pondrán todos sus medios para tal fin, y hacer partícipes de este plan a las comunidades autónomas, que tendrán un «papel central» en el diseño, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de las medidas que se pongan en marcha, así como a la patronal y a los sindicatos.

En este sentido, la Inspección de Trabajo realizará visitas 'sorpresa' a las empresas con el fin de pillarlas 'in fraganti'. Así, deberán estar preparadas por si un inspector se persona en sus instalaciones en horarios especiales, como puede ser la noche, los fines de semana o los días festivos. Lo que pretenden es evitar que en esas franjas horarias prolifere el trabajo no declarado. Y para ello los inspectores contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según se señala en el programa de actuación.

Un total de 75 medidas

Pero el Gobierno sabe que solo con esto no se consigue nada si las inspecciones no van aparejadas de unas multas disuasorias, algo que en la actualidad no ocurre, ya que en la mayor parte de los casos las situaciones de trabajadores irregulares se solventan con la conversión de los contratos temporales en indefinidos, según recoge el documento, que resalta que «esto puede conducir a prácticas fraudulentas» y a «desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir las necesidades permanentes de las empresas».

Por ello, el Ejecutivo propone revisar el cuadro de infracciones y sanciones con carácter general, aunque con mayor profundidad en determinados ámbitos, y «reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva», ya que las cuantías en esta materia «han perdido efecto disuasorio» y «han dejado de ser efectivas». «Estas reflexiones serían igualmente para la contratación a tiempo parcial abusiva o los excesos de jornada y horas extraordinarias no declaradas», precisa.

Pese a que este plan director cuenta con una decena de planes -que incluyen en total 75 medidas-, el de lucha contra el fraude en la contratación temporal y contra los abusos de la parcialidad se van a aplicar de manera inmediata, mientras que otras serán más a medio plazo. Así, se esperan los primeros resultados este mismo año, puesto que de agosto a diciembre se reforzarán ya de manera sustancial las actuaciones inspectoras previstas, al menos hasta diciembre. En el mes de enero se procederá a evaluar ambas acciones.

Horarios

Una de las recetas que da el Gobierno para luchar contra la precariedad laboral es obligar a las empresas a registrar diariamente el horario de entrada y salida de cada trabajador. Y es que el Plan Director contra la Explotación Laboral no se limitará solo a poner en marcha una batería de medidas operativas y organizativas, ya que «las deficiencias de nuestro mercado de trabajo que dan lugar a la existencia de situaciones socialmente tan injustas no se solucionan solo con la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», según explica el borrador. Pretende además adoptar reformas normativas ya que «el problema es, en no pocas ocasiones, la propia ley, la normativa laboral vigente».

Más concretamente, culpa a la reforma laboral de 2012 y la reforma de la contratación a tiempo parcial de 2013 de ser «el origen de las situaciones que asociamos con la precariedad laboral y la explotación laboral», así como critica la ausencia de reformas normativas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres.

Por ello, el objetivo del Gobierno es recuperar las proposiciones de ley que ha presentado el PSOE para modificar la norma, entre las que figura la relativa a la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la obligación de que los empleados fichen cuándo entran y cuándo salen de su empresa. Sin embargo, también explica que estos cambios deben enmarcarse en el diálogo social con la patronal y los sindicatos.

En caso de que esta modificación se llevara a cabo, sería trascendental en la lucha contra los abusos en la contratación a tiempo parcial para hacer frente a los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, precisamente la principal causa de denuncia ante la Inspección de Trabajo, puesto que aglutinan un 40% del total de reclamaciones presentadas en 2017.

Solo en el primer trimestre de 2018 se realizaron en España 6,4 millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales 2,8 millones no fueron retribuidas, es decir, más del 44% del total, «un número muy elevado, aun cuando se admita que parte de ese porcentaje puedan ser compensadas por descansos», según explica el documento. Y eso que se trata de un porcentaje inferior al existente en los últimos años, cuando estaba ligeramente por encima del 50%, excepto en 2017, que supusieron el 47% del total de horas extraordinarias.

El comercio, las industrias manufactureras, la hostelería y la educación son los sectores en los que se da la mayor parte de estos horarios fuera de jornada.

 

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