Claves de la reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar antes de final de 2021
La idea de que los ERTE han llegado para quedarse será plasmada en el texto acordado por el diálogo social
El Gobierno ha arrancado este martes el nuevo curso político con una agenda legislativa muy potente en la que incluye la aprobación de la reforma laboral ... o la subida del salario mínimo. El Gobierno ha venido trabajando este tiempo con los agentes sociales en la definición de la nueva reforma laboral, algunos de cuyos aspectos más relevantes deberán ser aprobados antes de final de año. Y entre esas novedades, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) constituyen un pilar fundamental una vez superada la crisis. La idea de que los ERTE han llegado para quedarse, como habitualmente recuerda la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será plasmada en el texto acordado por el diálogo social. Y, tal y como ocurre ahora, las empresas que se valgan de esta protección a sus trabajadores, a costa del Estado, para no recurrir a otros ajustes laborales, deberán mantener el empleo de los trabajadores afectados, como ocurre hasta ahora.
La propuesta de Trabajo, a la que ha tenido acceso este diario, aclara que las empresas deberán mantener ese empleo y no podrán recurrir a las horas extra o a las externalizaciones «en línea con los ERTE Covid». Es decir, la prohibición de realizar despidos, una vez reincorporados los trabajadores del ERTE, se mantendría seis meses, como en la actualidad.
CLAVES DE LA REFORMA
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ERTE Tendrán carácter estructural, para que las empresas los usen en vez de optar por los despidos colectivos en situaciones de crisis.
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CONTRATO TEMPORAL El Ejecutivo quiere limitar su uso, restringiéndolo a una lista de circunstancias que permitirían utilizarlos.
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FIJO DISCONTÍNUO La idea es fomentar este tipo de contratos, sobre todo en determinadas campañas o sectores con actividad irregular.
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CONDICIONES DE TRABAJO Se ajustarán los supuestos en los que las compañías puedan modificar términos como los sueldos de los empleados, en determinadas circunstancias de crisis económica o empresarial.
Desde que comenzó la crisis del coronavirus, el de los ERTE ha sido el sistema en vigor para proteger los puestos de trabajo. Hasta 3,7 millones de empleados se han encontrado bajo este paraguas, en el peor momento del confinamiento y la actividad económica. Desde el primer decreto que el Gobierno aprobó para poner en marcha este mecanismo se incluyó una cláusula que restringía los despidos. En las sucesivas prórrogas aprobadas, también se ha mantenido esta obligación, junto a la de reintegrar las cuantías exoneradas en cuotas sociales por parte de las empresas si no cumplían este requisito. Se trata de una cláusula extraordinaria que no existía antes de la pandemia, ya que los ERTE modificados con la reforma laboral de 2012 no incluían esta prohibición.
En la propuesta remitida por Trabajo se contemplan los ERTE como garantía de protección estructural «que permita a las empresas mantener el empleo para afrontar dificultades por causa económica técnica, organizativa o de producción».
Además, tendrán que ser aprobados por la Autoridad Laboral, algo que en realidad dará más fuerza a los sindicatos porque probablemente en la práctica la Administración exija el acuerdo para aprobarlo. Y las empresas deberán justificar por qué no se valen de esa reducción de jornada a través del ERTE y prefieren despedir. Tendrían que demostrar que ese mecanismo «es inviable para resolver de modo proporcionado y razonable la situación en la que se encuentra la empresa», apunta la propuesta.
Para financiarlos, se crea un fondo de dotación del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo -al que deberán realizar aportaciones empleados y compañías- para dar cobertura al mecanismo que permitirá dar prestaciones a las personas trabajadoras.
Por otra parte, Trabajo insiste en delimitar el uso del contrato temporal para que se circunscriba a determinadas variables que queden bien definidas en la norma. Solo podría emplearse en sustituciones o picos de producción imprevistos. Y se quiere desarrollar el contrato fijo discontinuo para ampliar su uso.
Además, el Ejecutivo quiere «reformular y simplificar» los contratos formativos. Trabajo aspira a modificarlos para ampliar su uso vinculado a las «necesidades estacionales de las empresas», porque, además, «desaparecerá el contrato fijo de obra». Sobre todo después de que el Tribunal de Justicia Europeo haya establecido que esta modalidad no puede implicar un encadenamiento de contratos que supere las previsiones que se recogen en la normativa.
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