La subida del salario mínimo interprofesional obliga a ajustar los sueldos de miles de empleadas de hogar

En Málaga hay más de 11.000 mujeres dedicadas al empleo de hogar, según Trabajo. /SUR
En Málaga hay más de 11.000 mujeres dedicadas al empleo de hogar, según Trabajo. / SUR

La CEM considera que el aumento a 900 euros fuerza la reducción de horas contratadas y los sindicatos defienden que frena la precariedad

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Ya han pasado más de dos meses desde que entró en vigor el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales, una medida aprobada en diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este incremento, el mayor desde 1977, obliga a miles de familias a ajustar los sueldos de sus empleadas de hogar. En Málaga hay, según datos del Ministerio de Trabajo, 11.848 personas dedicadas a este sector, que históricamente ha arrastrado los sueldos más bajos. Los sindicatos calculan que, de la cifra total de estas trabajadoras, más de la mitad reciben el salario mínimo.

El aumento asciende al 22,3 por ciento, de 736 a 900 euros, a lo que hay que sumar el incremento correspondiente en la cotización a la Seguridad Social, de la que en su mayor parte también se hacen cargo los empleadores. Las asociaciones de empresarios denuncian que la subida está resultando inasumible para cientos de familias, algo que prevén que dispare la economía sumergida del sector y fuerce una reducción del número de horas contratadas. En total, estas trabajadoras, siempre que estén sujetas a jornadas completas, deben cobrar como mínimo 12.600 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 900 euros o 12 pagas de 1.050 euros. En el caso de las contrataciones parciales, el Ministerio de Magdalena Valerio obliga a una retribución bruta mínima de 7,04 euros por hora, importe que en 2016 era de 5,05 euros. En los dos últimos años había subido de forma paulatina hasta 5,54 euros (2017) y 5,76 euros (2018).

La vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, considera que se trata de una subida «drástica» que dificulta la contratación: «No sé cuántas personas van a estar en condiciones de dar de alta a trabajadoras con este salario mínimo». La patronal también cree que aumentará el número de pagos en negro «porque no es un incremento normal y encarece muchísimo» los costes, aunque achaca la mayor parte de los problemas a la gran reforma que revolucionó el sector en 2012, cuando la ley «convirtió a los particulares en empleadores». Los sindicatos, sin embargo, defienden que el aumento del salario mínimo «tiene como objetivo prevenir la pobreza y reducir la brecha de género», atendiendo a que la mayoría de personas que cobran estos sueldos son mujeres.

El secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, Fernando Muñoz, explica que la medida «mejora la precariedad y empuja hacia arriba las categorías profesionales más bajas» y detecta «una campaña de deslegitimación» de la subida del salario mínimo: «El incremento no destruirá empleo. Es una falacia. Ya se había negociado con el anterior Gobierno el aumento progresivo de los sueldos más bajos hasta alcanzar los mil euros de SMI en 2020». Desde la Confederación de Empresarios reconocen que en los últimos años se habían producido negociaciones para llegar incluso a los 12.000 euros anuales y coinciden en la necesidad de incrementar los sueldos «pero de forma progresiva y pactada, no por decreto y en un solo año».

El secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT) en Málaga, Ramón Sánchez, critica que la crisis esté superándose «a nivel macroeconómico pero no a nivel de los trabajadores» e insta a seguir subiendo el SMI hasta los mil euros: «No es una cantidad simbólica. Es necesario para el reparto de la riqueza». Los sindicatos también recuerdan que España sigue a la cola salarial de Europa, con países como Alemania, Reino Unido o Francia, cuyos salarios mínimos superan los 1.400 euros. Los empresarios alegan que «hay que verlo todo en el contexto de cada país, porque no podemos pretender ponernos al día de un año para otro».

El Gobierno de Pedro Sánchez había previsto inicialmente una subida inferior (19,8 por ciento) del SMI para las empleadas de hogar, algo a lo que se opusieron las organizaciones sindicales. El Ejecutivo central reculó entonces y modificó este punto, igualando el incremento al 22,3 por ciento. Comisiones Obreras y UGT consideraban «injustificable» esta diferencia, explicada por Trabajo bajo el argumento de que la medida podría aumentar la economía sumergida. Actualmente hay unas 400.000 personas, mujeres en su inmensa mayoría, cotizando en el sistema especial de empleo de hogar.

Los sindicatos llevan años advirtiendo sobre la necesidad de aplicar una perspectiva de género a las políticas laborales para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, defienden que la aplicación de un menor incremento del SMI al empleo doméstico habría perjudicado sólo a mujeres.

La hostelería malagueña ya paga más de mil euros de salario mínimo

Las condiciones de muchos convenios colectivos firmados en Málaga, cuyas categorías más bajas ya cuentan con sueldos mínimos superiores a 900 euros, anulan en varios sectores los efectos del decreto que incrementa el SMI. El convenio de hostelería, uno de los principales motores económicos de la provincia, que abarca a camareros, limpiadoras de hoteles o recepcionistas, establece sueldos de 1.016 euros mensuales para sus categorías más bajas. Sólo tres convenios provinciales están vinculados al salario mínimo, según detallan los sindicatos: comercio, tintorería y clínicas dentales. Estos dos últimos sectores tienen unos 4.000 empleados cada uno en Málaga, mientras que el comercio emplea a unas 60.000 personas, de las que aproximadamente 35.000, según cálculos de Comisiones Obreras, cobran el sueldo mínimo. Al estar vigente el convenio sectorial, estos trabajadores, en su mayoría vendedores, sobre todo mujeres, seguirán cobrando el SMI de 2018, por debajo de los 800 euros mensuales. Sin embargo, el convenio expira en diciembre y las negociaciones arrancarán desde la base de 900 euros decretada por el Gobierno, incremento que les garantiza una subida de sueldo desde enero del próximo año.

La patronal critica que la subida salarial haya cogido de improviso a las empresas que el año pasado presentaron sus ofertas a concursos públicos: «Las administraciones han adjudicado los proyectos pero el aumento del SMI no había sido previsto por los empresarios, que ahora sufrirán un desequilibrio económico, de modo que la indefensión es total». Por su parte, el Gobierno central calcula que el aumento del salario mínimo beneficiará a 2,5 millones de trabajadores en España y generará unos 500 millones de euros más en cotizaciones a la Seguridad Social, a los que hay que sumar los 1.600 millones de euros en incremento salarial. Los empresarios critican que estas cifras «son costes que soportaremos nosotros».