El PP renuncia, al menos temporalmente, a su reforma de las pensiones

Cristóbal Montoro, ministro y Hacienda./Mariscal (Efe)
Cristóbal Montoro, ministro y Hacienda. / Mariscal (Efe)

Accede a vincular las prestaciones a la inflación y retrasa hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

La presión ciudadana, de la oposición y la necesidad ineludible del apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos han logrado lo que parecía imposible: que el Gobierno dé marcha atrás y acceda a 'reformar' su polémica reforma de las pensiones, aprobada de manera unilateral en el año 2013. Renuncia a los dos pilares sobre los que se sustentaba: el nuevo índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, dos elementos correctores que reducen el gasto en estas prestaciones y, por consiguiente, alivian los 'números rojos' de la Seguridad Social.

Con la reforma entró en vigor una nueva fórmula para subir las pensiones que tenía en cuenta cuatro factores: la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, la inflación media, el crecimiento en el número de pensiones y la diferencia entre altas y bajas (lo que viene a denominarse 'tasa de sustitución'). De esta forma, la evolución de los precios dejaba de ser el baremo de subida automática y pasaba a ser una referencia más. Sin embargo, en la práctica esto ha significado que en el último lustro los ingresos de los jubilados apenas han crecido un 0,25% anual, ya que la Seguridad Social registra déficit desde el año 2010.

Ahora, el Gobierno vuelve a ligar la subida al IPC, al pactar elevar las prestaciones con carácter general un 1,6% en 2018 y 2019, en línea con la inflación prevista, y renunciar a lo que hasta ayer era una de sus líneas rojas. Lo hace un día después del principio de acuerdo en el Pacto de Toledo para que los precios vuelvan a ser un elemento primordial para el cálculo de las prestaciones, aunque incluyendo otros factores como el PIB o los salarios.

De igual manera, el factor de sostenibilidad parece que ni siquiera llegará a ver la luz, al menos por el momento, al arrancar el PNV una prórroga de cuatro años: tendría que entrar en vigor el próximo 1 de enero y no lo hará hasta 2023, como pronto. Este factor corrector vendría a reducir en torno a unos 75 euros al año la prestación de los nuevos pensionistas (entre un 0,5% y un 0,7% menos), al vincularse automáticamente a la esperanza de vida en ese momento. Eso sí, este recorte será acumulativo, por lo que los que se retiren en 2020 tendrán una merma del 1%, que se elevará a un 'tijeretazo' de más del 15% para los que se jubilen dentro de 20 años. O no, ya que todo apunta a que se va a modificar.

 

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