¿Qué es el Pacto de Toledo?

Su nombre, concretamente, viene de la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de España, durante la sesión del 6 de abril de 1995, del documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos el 30 de marzo de 1995, referente al «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse». Aquella aprobación tuvo su origen en una proposición no de ley del partido catalán Convergència i Unió que propuso la inclusión de una ponencia (número 154/4) sobre la cuestión de la seguridad social en la comisión de presupuestos del Congreso.

Con el objetivo de sacar de la controversia parti­dista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado y de amplio calado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas, se creó en el año 1999, en el Congreso de los Diputados, una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que se reúne cada cinco años y que como su nombre indica tiene por objeto el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema.​

Aquella primera comisión parlamentaria del Pacto de Toledo publicó un documento en 1995 en el que describe la evolución del sistema español de pensiones y sus retos futuros, y establece una serie de 15 recomendaciones. Esas recomendaciones fueron la base para el acuerdo entre el Gobierno y los principales sindicatos en 1996 y que dio lugar a la Ley de 1997 de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Aquella ley aumentó de 8 a 15 el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión, la revalorización de las pensiones según la evolución prevista del IPC y la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Se estableció la separación y clarificación de las fuentes de financiación, de manera que las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y la empresa a la Seguridad Social, y las no contributivas (principalmente sanidad y servicios sociales) a través de los Presupuestos Generales del Estado. Del mismo modo, se creaba el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, que se constituyó en 2000.

El Pacto de Toledo establecía la edad de jubilación a los 65 años, con la recomendación de facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Su labor es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC) «y a través de fórmulas de contenido similar». Igualmente, trabajará en el desarrollo del sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.