¿Qué pensiones va a pagar la inmigración?

Los españoles sabemos mucho de emigrar. Los españoles judíos fueron obligados a emigrar de España en 1492. Los españoles moriscos, en 1609. Los españoles afrancesados, en 1814. Los españoles liberales, a partir de 1823. Los españoles republicanos, desde 1936. Españoles pobres, en la década de los sesenta. Emigración o exilio forzoso por razones religiosas, políticas o económicas. Durante los siglos de dominación española de América, la emigración española era por razones económicas. No la detuvo ni la independencia de los países sudamericanos. Se mantuvo durante todo el siglo XIX. Fue tan intensa que llegó a haber una prohibición de emigrar a América, anulada en 1853. También está la 'emigración golondrina', la anual de ida y vuelta de los temporeros españoles a la vendimia francesa, que empezó hacia 1830. El régimen franquista prohibió en 1941 la emigración porque aspiraba a aumentar la población de 26 a 40 millones, pero en 1946 se vio obligado a levantar el veto. En la depauperada España de posguerra, casi dos millones de españoles abandonaron el país (aunque las estadísticas oficiales solo hablan de un millón) (ver 'Historia del Instituto Español de Emigración', de varios autores). Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y el Reino Unido fueron los principales destinos. Sólo después de 1973, tras la más que gravísima crisis económica del petróleo de entonces y el inicio de la modernización política, económica y social, España dejó de ser un país que expulsaba a sus ciudadanos.

Ahora, España se ha convertido en un país de inmigración para ciudadanos que provienen principalmente del norte de África, Latinoamérica y de algunos países del Este.

Gracias a la inmigración, la población de España no mermará en el futuro. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que España ganará más de cinco millones de habitantes en los próximos quince años. Y lo hará gracias a la inmigración. El aumento de las defunciones, superior al número de nacimientos, daría lugar a un saldo vegetativo negativo que solo se solventará con la inmigración. Eso también provocará que la población nacida en España disminuya paulatinamente y pase de significar el actual 81,9% del total, al 61,0% dentro de 50 años (proyecciones del INE).

¿Qué importancia tiene que crezca el número de habitantes? Mucha, sobre todo en un país que envejece a marchas forzadas como España debido a su bajísima tasa de natalidad. Necesitamos jóvenes o medio jóvenes que trabajen para pagar las pensiones de los jubilados. Dentro de 15 años, la población de más de 67 años (edad legal de jubilación) habrá aumentado un 38%. Ahora, los mayores de 67 años son 8,7 millones de personas; a la vuelta de la esquina en términos demográficos (en 2039) serán más de 12,6 millones y en 2054 alcanzarán los 15,4 millones. La propia Seguridad Social calcula que habrá 15 millones de pensionistas en 2050. ¿Cómo se van a pagar todas esas pensiones? Ojo, que dentro de quince años habrá más de 3 millones más de pensionistas y más de 6 millones más en 2054. Si ya vamos con la lengua fuera para cubrir las pensiones y el sistema de Seguridad Social incrementa año a año su deuda, ¿cómo será cuando muchos de nosotros estemos jubilados? Casi uno de cada cuatro habitantes tendrá más de 67 años dentro de quince años. Son cifras que estremecen.

Solo hay dos opciones: o se recortan las prestaciones (o aumenta la edad de jubilación) o hay más personas cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos (o suben las cotizaciones con el efecto pernicioso en el empleo que tendría).

Una de las mayores vulnerabilidades del Estado de bienestar es tener una tasa de dependencia demográfica elevada. Esta tasa se mide por el cociente entre el número de personas mayores de 64 años y el de personas en edad de trabajar. En 2022 estaba en el 31% y llegará al 53,7% en 2050 (datos de BBVA Research). En 2050 harán falta seis millones más de cotizantes para que el sistema de pensiones sea sostenible.

Y esos nuevos cotizantes van a ser inmigrantes.

La población española ha crecido en ocho millones desde comienzos de siglo, aunque el saldo vegetativo es negativo porque la mortalidad excede a los nacimientos. Pero los inmigrantes que residen aquí sin nacionalidad española ascienden a 6,5 millones. En solo 25 años, España ha alcanzado niveles de población inmigrante semejantes a Alemania o Bélgica y superiores a Francia e Italia. Supone ya cerca del 20% del total pero entre la población en edad activa representa el 38%. Algunas estadísticas reflejan cifras menores porque identifican solo a los extranjeros como inmigrantes, pero la ONU define inmigrante como la persona que vive en un país diferente al que nació, y en España ya hay dos millones y medio de inmigrantes que han conseguido la nacionalidad española.

Este flujo migratorio ha hecho que crezca la población activa entre 15 y 64 años de nacionalidad extranjera y es este aumento el que explica buena parte de la intensidad de la recuperación económica de España, como reconocen el Banco de España o los servicios de estudios de diversas entidades. La recuperación de los flujos migratorios ha contribuido de forma notable al dinamismo reciente del empleo. Del millón largo de nuevos trabajadores en 2022-2023, un 54% tiene nacionalidad extranjera.

Pero no basta que vengan. Los beneficios que supondrán para el mercado laboral, las empresas, la recaudación fiscal, las cotizaciones sociales y el crecimiento económico están claros, pero también exigen costes en sanidad, educación y en futuras pensiones.

La mayor parte de la inmigración que ha llegado tiene un nivel bajo o medio de cualificación y ha encontrado ocupación básicamente en la hostelería, distribución, transporte, comercio, cuidado de mayores y niños, limpieza; también en agricultura y construcción, pero menos.

La concentración de los inmigrantes en puestos de baja cualificación y bajos salarios, junto con su menor tasa de ocupación, provocan un aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país, como explica un informe del Real Instituto Elcano. El 53% de los extranjeros residentes en España y procedentes de países de fuera de la UE se encuentra en riesgo de pobreza frente al 16% de los españoles (datos del INE de 2022). Es evidente que muchos de los que acuden a Cáritas, bancos de alimentos, comedores gratuitos… son inmigrantes; también representan el 18% de los que reciben el Ingreso Mínimo Vital.

Los inmigrantes están, en general, en sectores de baja productividad y sus ingresos salariales medios son muy inferiores a los de los españoles: un 37% más bajos en el caso de latinoamericanos,un 34% más bajos en el caso de los africanos y un 17% más bajos en los europeos, como recoge el informe 'Integración de la población extranjera en el mercado laboral español'

Por eso, y porque la tasa de ocupación en inmigrantes es menor, el aumento de la población activa no ha acercado el PIB per cápita de España al de los países más ricos de la zona euro, al contrario, se ha distanciado más por mucho que crezca el PIB total.

La migración no se puede entender como un 'problema', pero cuando se presenta de forma de masiva plantea retos que hay que resolver. Y, como explica muy bien Carmen González en el informe ya citado del Real Instituto Elcano sobre inmigración, es necesario un análisis en profundidad. Hay que debatir sobre cómo afrontar los problemas relacionados con la alta tasa de abandono escolar de las segundas generaciones y la amenaza que esto supone para el futuro. Si queremos incrementar la productividad y el PIB per cápita, es imprescindible dar a los que llegan y, sobre todo, a sus descendientes una educación y formación de calidad. Y, aunque hablo solo desde mi experiencia personal con niños y niñas de familias inmigrantes, están deseando aprender -y sus padres de que aprendan-. Aunque solo sea por interés nacional, favorecer la integración y la productividad de los inmigrantes de segunda y tercera generación hará un país más rico y más cohesionado.

También hay que examinar cómo afecta al sistema de pensiones un crecimiento del empleo basado en bajos salarios y, en consecuencia, bajas cotizaciones; o sobre los problemas políticos que puede causar el aumento de la desigualdad y la pobreza (el avance de la ultraderecha en las elecciones europeas es un indicio), o sobre cómo debemos interpretar la tasa de paro de los patrios a la luz de los datos sobre el crecimiento del empleo inmigrante.

Cuanto más integrada, formada y atendida esté la inmigración, mayor será su aportación al país. La respuesta no es el abandono, la exclusión o el cerrojazo. Sobre cómo hacerlo, el debate está abierto.

Fuimos una nación de emigrantes. No lo olvidemos ahora que somos un país de inmigrantes.

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