El Supremo dicta que las empresas tienen que demostrar el pago de los salarios, incluso, si los han abonado 'en negro'
El alto tribunal advierte a los empresarios que pagar las nóminas con dinero 'B' supone un grave incumplimiento de sus obligaciones
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha unificado doctrina en una reciente sentencia sobre el pago de salarios y estima que es el ... empresario quien tiene que probar que ha abonado el sueldo de sus empleados, incluso en los casos en los que el salario haya sido «en negro». Una resolución que puede suponer un punto de inflexión en torno a los salario pagados en metálico. Según el recurso de casación «es la empresa la que dispone de los mecanismos para demostrar el pago y no el trabajador, al que no se le puede exigir una prueba negativa».
La resolución deriva del caso de un oficial de la construcción de una empresa de Castilla-La Mancha, que había estado trabajando desde enero de 2017 como subcontratado para otra empresa de rehabilitación de Madrid, siendo despedido en julio de 2018. El trabajador reclamó a ambas empresas el abono de 6.318 euros por varios meses de salario y vacaciones impagadas. Tanto un juzgado de lo Social de Toledo como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha denegaron su demanda.
El abogado del empleado presentó ante el Supremo recurso de casación para la unificación de doctrina, puesto que el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha dio la razón a un trabajador de la misma empresa demandada y cuya relación laboral se extinguió exactamente en la misma fecha, reclamó los mismos conceptos retributivos por igual periodo y con idénticos argumentos. En esta sentencia de contraste se reconoce que es la empresa «quien tiene la obligación de pago» y le corresponde «la acreditación del abono de la retribución devengada».
Ambos trabajaron para la empresa de construcción demandada en diferentes obras en la Comunidad de Madrid, uno como oficial y otro como su peón, quién ganó la demanda.
Demostrar la relación laboral
El Tribunal Supremo establece que, cuando el trabajador reclama en su demanda el pago de unas determinadas retribuciones que niega haber percibido, el empleado solo tiene la obligación de «acreditar la existencia de la relación laboral, la prestación de servicios o la imposibilidad de llevarla a cabo por impedimentos imputables al empresario».
Los magistrados del Supremo van más allá en su sentencia y ante la sospecha sobre la «ilícita posibilidad de que la empresa hubiere abonado el salario en dinero negro y de forma oculta» esa irregular circunstancia tampoco eximiría a la empresa «de la carga de probar el pago, por los medios que fuere» al margen de otras responsabilidades ante la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria.
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