Fraude a la Seguridad Social: una mujer finge durante 16 años ser sorda y muda para no perder una pensión de incapacidad absoluta

Una revisión de su expediente de incapacidad permanente destapó un fraude a la Seguridad Social que ha durado 16 años y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto fin ahora con la retirada de la prestación. ¿Motivo? Fingir durante ese periodo que estaba sorda y muda y haber simulado una incapacidad que no tenía.

El trastorno de estrés postraumático severo que le diagnosticaron tras la agresión sufrida por una cliente cuando trabajaba como cajera en un supermercado en 2003 dio origen a que la administración le aprobase la pensión de incapacidad permanente absoluta por este motivo.

Con lo que no contaba ya es que en 2019 la dirección provincial del INSS de Cádiz iniciara un expediente de revisión de grado en colaboración con la mutua y resolviese que no estaba afectada de incapacidad permanente «en ninguno de sus grados», tal y como recoge la sentencia consultada por este periódico. Un año antes, la mujer fue revisada por el médico de accidentes de trabajo de Mutua Maz y por el psiquiatra consultor de la misma, coincidiendo ambos profesionales en la sospecha de simulación del cuadro de mutismo «desproporcionado»: «No se explica la ausencia de expresión verbal o que la demandante no haya tratado de comunicarse de forma escrita, o mediante ademanes, ni de saludar al entrar en la consulta, ni para despedirse con ningún tipo de gesto». Una situación que se sumó a la falta de revisiones por parte de especialistas en salud mental entre 2003 y 2020.

Tales sospechas llevaron a la apertura de una investigación en la que un detective privado contratado por la mutua corroboró la simulación del cuadro de pseudomutismo: comprobó en sus redes sociales como practicaba zumba y comentaba (verbal y escrito) bajo el seodónimo 'Genoveva' los post que colgaba, una actividad incompatible con la supuesta incapacidad que había presentado en las consultas médicas. «Además, clara muestra de que el mutismo desaparece es que, en los dos días en que se realiza el seguimiento, se relaciona y conversa con normalidad con las personas de su entorno, lleva a su hija al colegio donde conversa con las demás madres , habla por su teléfono móvil, acude a comercios y conversa con normalidad con sus acompañantes, incluso mantiene conversaciones con desconocidos -caso del propio detective cuando le consulta sobre la ubicación de El Corte Inglés-», recoge el informe incorporado a la sentencia.

La resolución detalla que la mujer «escenifica un cuadro de mutismo atípico con 'escapes' de palabras cuando se le afronta y sin tener claro cómo actuar, se le pide sentarse y actúa como si no supiera y cuando se le dice que si no se encuentra bien puede marcharse, sabe perfectamente como salir y abrir la puerta y solicitar que venga su acompañante para irse... e incluso susurra 'gracias' cuando sale«

Esta realidad llevó al tribunal que determinar que lo que inicialmente fue reconocido como un cuadro grave de estrés postraumático había evolucionado favorablemente hasta su desaparición, o bien había sido simulado desde el inicio con el propósito de recibir la pensión. Este dictamen se sustenta en los informes médicos, el resultado de la investigación del detective y el análisis de la conducta de la mujer en su día a día.

La sentencia desestima así el recurso interpuesto por la mujer contra una resolución previa del Juzgado de lo Social de Cádiz, que ya había ratificado que esta pensionista no sufría ninguna limitación orgánica o funcional que justificara la continuación de la prestación económica. Además, el tribunal resolvió deducir testimonio de los hechos ante el Juzgado de Instrucción correspondiente al poder ser constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social, previsto en el Código Penal, que sanciona a quienes obtienen prestaciones públicas de manera ilícita.

El fallo confirma el fraude de la pensionista hasta 2019 en que, tras la revisión efectuada, el INSS le suspendió la prestación. Aunque la afectada cuestionó las pruebas aportadas por el detective privado, alegando vulneración de sus derechos constitucionales, el tribunal rechazó tal extremo porque las grabaciones se obtuvieron en lugares públicos, dentro del marco legal y guardando relación con el propósito de la investigación.

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