Estas son las ayudas que se renuevan a partir del 1 de julio

El escudo energético ha sido uno de los que más quebraderos de cabeza había provocado en el seno del Ejecutivo a cuenta del impacto que tenía la subida de precios de la luz y el gas en los hogares. Ahora, con unos costes que se encuentran mucho más bajos, el Gobierno ha decidido prorrogar la mayoría de las medidas en vigor, como el bono social eléctrico, un descuento de hasta el 80% sobre la parte del consumo de luz, frente al 40% que se encontraba en vigor antes de la crisis.

En concreto, se prorrogan los descuentos asociados a esta medida hasta junio de 2025. Es decir, otro año más, superando el próximo invierno, como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consciente de que el consumo de luz es mayor en esa época del año. El bono social permite varios tipos de descuento: un 65% de rebaja (antes era un 25%) para consumidores vulnerables; o un 80% para hogares en situación de vulnerables severos. Si además se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

En estos momentos cuentan con el bono social eléctrico unos 1,5 millones de hogares. Aunque para obtenerlo es necesario cumplir los requisitos de renta; tener contratada la tarifa regulada PVPC; y, sobre todo, solicitarlo a la compañía eléctrica. Es en este punto donde muchas familias flaquean al desconocer estos trámites y no obtienen el bono, tal y como se viene advirtiendo desde el sector en los últimos años.

Además, el Consejo de Ministros ha decidido prorrogar la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hastael 31 de diciembre de 2024. Es decir, no se les podrá cortar aunque no paguen.

Por otra parte, el Gobierno ha decidido establecer el «carácter indefinido» de la posibilidad de que las comunidades de vecinos contraten la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural. Es la tarifa regulada, la que se encuentra limitada en sus precios con respecto a los contratos del mercado libre, y la que amortiguó la explosión de precios en el otoño de 2022 y 2023 para este tipo de hogares.

Entonces, cuando se puso en marcha (hasta hace dos años era una tarifa exclusiva para los hogares individuales, y no para comunidades de vecinos) la situación de colapso fue de tal calibre por el aluvión de peticiones, que la Comisión de Competencia abrió un expediente informativo en torno a las dificultades y los retrasos que estaban encontrando los consumidores españoles para cambiar sus contratos de gas desde el mercado libre a la tarifa regulada. Ya no tendrán ese problema, puesto que podrán contratarla cuando lo deseen, sin límites temporales.

En materia industrial, se ha prorrogado el mecanismo de apoyo a la competitividad de la industria electrointensiva para compensar los costes de la energía. Y se mantiene la reducción del 80% de los peajes (la parte fija de sus recibos) que pagan estas compañías con elevado consumo eléctrico. Además, el Ministerio de Industria y Turismo va efectuar la convocatoria 2024 del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por un importe de 300 millones de euros para los costes incurridos en el año 2023.

Además, el Gobierno ha decidido extender el plan de ayudas a la compra de coches eléctricos Moves III hasta el próximo 31 de diciembre. Hasta ahora, se han destinado 1.500 millones de euros en este tipo de ayudas.