Bruselas quiere acabar con el carnaval de las comisiones en la UE

Desde mediados de diciembre la Comisión (CE) tiene en marcha una consulta popular, dirigida tanto a los ciudadanos como a los propios actores del sector, para «encontrar un sistema que funcione para los consumidores en toda la UE». Porque esa es la clave, que con independencia del origen o del lugar donde se resida, se pueda acceder a productos similares con precios parecidos, todo ello respetando los criterios del libre mercado.

El estudio se centra en productos que, según destacan desde Bruselas, «son una parte esencial de la vida diaria». Hablamos de préstamos, hipotecas, seguros, pagos y cuentas bancarias... El objetivo que se ha marcado la CE es «determinar los obstáculos injustificados que afrontan sus usuarios cuando quieren usar esos servicios a través de las fronteras es decir, al trasladarse a otro país de la Unión para estudiar, trabajar o jubilarse y hallar respuestas sobre la mejor manera de eliminarlos».

Las cifras con las que trabaja el Ejecutivo comunitario revelan la necesidad de emprender esos cambios. Por ejemplo, aunque solo 13,6 millones de europeos (cerca del 3% de la población de la UE) residen en un país de la región distinto al suyo, un tercio de los ciudadanos (35%) vive y trabaja en zonas fronterizas, de manera que compran y operan a uno u otro lado de la misma según su conveniencia y el coste de los productos o servicios.

Una fidelidad forzosa

En la práctica, sin embargo, muchos encuentran obstáculos serios para actividades tan normales como abrir una cuenta bancaria fuera de su país, hacer transferencias de un Estado a otro, obtener créditos, etcétera. Eso explica que solo el 3% de los europeos haya adquirido un producto financiero (por ejemplo, una simple tarjeta) de otro socio de la UE, que los préstamos transfronterizos apenas supongan el 5% del total o que incluso dentro de la propia zona euro ni siquiera alcancen el 1%.

Esas dificultades generan un efecto dominó, de forma que según el último Eurobarómetro el 85% de los ciudadanos que tienen contratado un préstamo o una tarjeta de crédito no había cambiado de proveedor nunca, ni tampoco lo había intentado. Una fidelidad aparente que, sin embargo, también se antoja forzosa a la vista de los condicionantes del mercado. Según la CE, el desarrollo de la tecnología digital ayudará a cambiar las cosas gracias a los servicios bancarios en línea, los préstamos entre iguales o los sitios webs de comparación de productos. Pero el reto, admite también, es poder solventar bien el desafío reglamentario y de protección al consumidor que implica.

Jonathan Hill, comisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Bancarios y Unión de los Mercados de Capitales, explica al respecto que, a menudo, millones de europeos se pierden las mejores ofertas o pagan más de la cuenta debido a los obstáculos que existen en nuestro mercado. Por eso anima a ciudadanos y empresas a participar en el estudio abierto, compartiendo experiencias y propuestas para hacer frente de la mejor manera posible a esos problemas.

De momento, la realidad es que seguirán existiendo diferencias muy importantes en los costes financieros entre un país de la UE y otro. Así, pagar por tener una tarjeta de crédito puede multiplicarse hasta por 12 según el Estado donde se contrate. En Rumanía, por ejemplo, la media son 9,1 euros mientras que en Eslovaquia, no muy lejos de allí, se tienen que abonar hasta 114 euros. Incluso en dos socios vecinos como Francia y Bélgica, el importe llega a duplicarse (46 euros frente a 25). Algo similar ocurre con las transferencias bancarias, por las que se pueden llegar a pagar casi cuatro euros o ser gratis. Y en los seguros, con un perfil de riesgo similar, mientras en Eslovaquia se abona 10 euros de media al mes en el Reino Unido se llega a 90 euros.

La consulta se cierra el próximo 18 de marzo. Luego tocará examinar todas las respuestas y empezar a analizar posibles medidas para reducir los obstáculos que se constaten. Después se celebrará una conferencia para publicar los resultados del estudio y debatir cuáles son los ámbitos prioritarios a tratar. Finalmente, y antes de que concluya el año, se presentará un plan de acción concreto. Palabra de Bruselas, aunque no sería la primera vez que los plazos se alargan. Veremos