La Justicia europea ratifica la multa de 2.400 millones contra Google

Desestima así el recurso de apelación presentado por el gigante tecnológico y confirma las tesis de Bruselas: hubo una violación de las normas de competencia porque Google abusó de su posición dominante al favorecer sus propios servicios en las búsquedas del mejor precio para eventuales compras de los usuarios.

El fallo plantea que si bien los algoritmos utilizados para la clasificación de resultados genéricos o los criterios para el posicionamiento y la visualización de los resultados de productos especializados de Google pueden, como tales, representar mejoras de servicios favorables a la competencia, «eso no justifica la práctica en cuestión». Esto es «el trato desigual de los resultados del servicio de comparación de precios de Google y los resultados de los servicios de comparación de precios de la competencia».

El Tribunal General considera además que Google no ha demostrado que se haya conseguido un mayo grado de eficiencia en beneficio de los consumidores «vinculada a esta práctica» que contrarresten sus efectos negativos sobre la competencia.

El Tribunal General destaca además, «el carácter especialmente grave de la infracción» y, si bien tiene en cuenta que el abuso no se ha demostrado en el mercado de los servicios generales de búsqueda, «también tiene en cuenta el hecho de que la conducta en cuestión fue adoptado intencionalmente, no por negligencia», con lo que concluye su análisis declarando «que debe confirmarse el importe de la sanción pecuniaria impuesta» a la multinacional californiana.

Los magistrados de esta sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asumen de este modo el motivo por el que Bruselas decidió actuar con decisión hace cuatro años contra la empresa: «Google abusó de su dominio del mercado como motor de búsqueda al promover su propio servicio de comparación de precios en sus resultados de búsqueda y degradar los de sus competidores«, se justificó en onces en clara alusión a Google Shopping. Y después de que las autoridades antimonopolio europeas recibieron denuncias de compañías como TripAdvisor.

La resolución da un alivio a la Comisión Europea después de ver como Luxemburgo truncaba su pulso contra Apple, a quien le exigió la devolución de 13.000 millones de euros a los contribuyentes de Irlanda en impuestos no satisfechos. El Gobierno del país, que había favorecido esas exenciones, se unió a la compañía de la manzana en un procedimiento judicial que viró drásticamente contra el equipo de Margrethe Vestager.