El juez del 'caso Villarejo' cita como investigado al presidente de Iberdrola

El magistrado apoya así la petición formulada ayer por la Fiscalía Anticorrupción para que declaren por los contratos firmados con una empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, por valor de más de un millón de euros.

En su auto, el juez explica que en este momento de la investigación resulta pertinente escuchar al presidente de Iberdrola y a los otros tres directivos al entender que existen indiciariamente elementos de juicio suficiente como para poder conectarles con los hechos que se investigan en esta pieza número 17 de la macrocausa

A lo largo de las 23 páginas de la resolución, García Castellón detalla los diferentes trabajos que presuntamente Iberdrola encargó desde 2004 hasta 2017 al Grupo Cenyt, dirigido por Villarejo y su socio Rafael Redondo, cuando éste se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía. Esos encargos se hicieron a través del entonces responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, también investigado, y tenían para la compañía Iberdrola la naturaleza de confidenciales.

En el caso del llamado «Proyecto Arrow», cuyos trabajos se englobaron entre los años 2004 y 2006, tenía por objeto superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). En este caso, como en el de otros proyectos encargados a Cenyt, el juez aprecia una voluntad por parte de la compañía de «ocultar» estos servicios al emitirse las facturas correspondientes a Cenyt por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad, S.A. (CASESA).

Otro de los «proyectos de seguridad» encargados a Villarejo fue el denominado «Black Board», desarrollado entre 2004 y 2005, y que tenía por objeto conocer la naturaleza sensible sobre actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, tanto presentes como pasadas que pudieran incidir en sus actuaciones futuras.

El auto incluye otros presuntos encargos de Iberdrola a Villarejo, como el «proyecto Posy«, que se centró en investigar a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto entre los accionistas mayoritarios de Iberdrola.

El auto detalla cómo el exjefe de Seguridad de la eléctrica reconoció en su declaración judicial haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados sino también la intervención del entonces comisario en activo Jose Manuel Villarejo. Las facturas de estos encargos se tramitaron como cuenta sin pedido, «contraviniendo» el protocolo interno del Grupo Iberdrola.

El juez señala que, pese a no ser localizada ni por la unidad de cumplimiento del Grupo Iberdrola ni por la consultora Pricewaterhouse, la ejecución de estos trabajos generó gran cantidad de documentos e informes que fueron intervenidos en el domicilio del investigado Rafael Redondo. Así, en la contabilidad de la compañía figuran recibidas y abonadas 15 facturas sin pedido emitidas por Cenyt entre 2004 y 2012 por importe de 1.047.324 euros.

 Se trataría, según el juez, de documentos remitidos por servicios prestados por Villarejo «ocultados mediante la manipulación de conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidas exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán -desde 2006 presidente de la compañía- y también por Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo, a parte de Antonio Asenjo».

El auto incluye la mención a una de las conversaciones mantenidas entre Villarejo y Redondo, por parte de Cenyt, y Asenjo, por parte de Iberdrola, en la que éste pregunta cómo podrían establecer una «relación comercial estable». Un dato que vendría a avalar, según el juez, que estos encargos y relaciones comerciales entre las partes no fueron esporádicos o puntuales, «sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentando incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad».