Rato, procesado por corrupción tras salir en libertad condicional
El juzgado de Madrid le acusa por el presunto origen ilícito de su patrimonio dos semanas después de abandonar la cárcel por las tarjetas 'black' de Bankia
Solo dos semanas después de quedar en libertad condicional por la causa de las tartejas 'black' de Bankia, tras cumplir de forma efectiva dos años ... y cuatro meses en la cárcel, el futuro procesal de Rodrigo Rato vuelve a oscurecerse. El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio y atribuye al exvicepresidente del Gobierno delitos de orrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales.
El juez instructor Antonio Serrano-Arnal ha acordado transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado, similar al procesamiento, y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en un plazo de 20 días presenten sus escrito de acusación o de sobreseimiento.
La decisión del juzgado no es firme, ya que las partes podrán presentar recursos de reforma o de apelación en los próximos cinco días, pero abre la puerta a que Rato vuelva a sentarse en el banquillo en los próximos meses. Además del acusado, la causa se dirige contra otras trece personas, dos empresas y un despacho de abogados por la supuesta trama de corrupción organizada por el político para embolsarse algo más de dos millones de euros de comisiones de los contratos publicitarios firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012, cuando Rato era su presidente, con las empresas Publicis y Zenith Media, así como la red societaria utilizada por éste para repatriar fondos a España y ocultarlos al fisco.
La Fiscalía Anticorrupción presentó en marzo de 2019 un escrito de acusación por estos hechos en los que solicitaba cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones para el expresidente de Bankia. Ahora, el juez considera acreditado que en 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith y que éstas, supuestamente, abonaron una comisión de 2,02 millones de euros a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento, controlada por otro de los encausados, el empresario Alberto Portuondo, al que supuestamente Rato había colocado como asesor en la entidad financiera.
«Origen desconocido»
Según la investigación, desde esta empresa se transfirió a la sociedad Kradonara 2001, controlada por Rato, 835.024 euros, mientras que otro de los presuntos implicados recibió cerca de 190.000 euros. Gran parte del dinero que supuestamente recibió el exvicepresidente fue posteriormente enviada a la empresa Bagerpleta GMBH, participada por éste y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania.
El magistrado también describe en su resolución la operativa supuestamente utilizada por Rato para introducir en España, a través de sociedades en varios países bajo su control, 7,28 millones, de los que algo más de la mitad (3,69 millones) los considera «de origen desconocido». «Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito», señala el juez.
El instructor hace especial hincapié en el papel jugado en este entramado por la estructura formada por la firma británica Vivaway y la española Kradonara, «expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar (el dinero) de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato». Todo ello supuestamente camuflado «en préstamos o negocios jurídicos simulados».
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