El Gobierno pide contención salarial y prorroga las rebajas fiscales a la luz

Para empezar, y ante la evidencia de que el precio de la energía seguirá disparado, el Gobierno prorrogará hasta el 30 de junio las medidas fiscales para limitar esa evolución en la factura de la luz. En concreto, se extenderá la reducción del IVA eléctrico del 21% al 10%, la rebaja del impuesto eléctrico del 5,1% al 0,5%, la suspensión del tributo a la producción y la reducción de los cargos para todo el ejercicio.

También se prorrogará el descuento del bono social eléctrico para los colectivos vulnerables, que será del 60% en términos generales, y de hasta un 70% para los hogares en situación severa, con un llamamiento a los presidentes de las comunidades autónomas para aplicar medidas de protección a estos consumidores.

Durante su intervención en el Congreso, Sánchez también ha anunciado la prórroga hasta finales de junio de la minoración temporal del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación de gas no emisoras, gracias a que repercuten determinados costes que realmente no soportan (los denominados 'beneficios caídos del cielo'). «Vamos a proteger a la industria electrointensiva, que está sufriendo tremendamente los altos precios de la electricidad», ha asegurado en su discurso.

Para ello, durante 2022 se reducirán en un 80% los cargos a más de 600 consumidores electrointensivos y se prorrogarán también hasta el 30 de junio las medidas de flexibilidad en los contratos de suministro de gas natural para los consumidores industriales.

Las medidas llegan en un entorno de escalada de precios de la luz que parece no tener fin. Para mañana, el coste de generación marca un nuevo récord del año, al situarse sobre los 341 euros/MWh. Se aproxima así al máximo histórico, de 383 euros/MWh, que se registró justo antes de la pasada Nochebuena. Además, en tramos como el de las 21.00 horas, el coste de la luz superará los 400 euros/MWh.

Ante esta situación, el Gobierno espera que, más allá de las medidas anunciadas, la Comisión Europea autorice en los próximos días un cambio en el método por el que se calculan diariamente los precios eléctricos. El objetivo es sacar el coste del gas del 'pool', de forma extraordinaria y temporal, para rebajar el importe de esos precios diarios.

Además del frente de la energía, el Gobierno también atacará el del empleo para minimizar el impacto de la crisis. El Ejecutivo se juega mucho en este punto, en un momento en el que todas las previsiones del cuadro macroeconómico -que sigue previendo un crecimiento del PIB del 7% para este año- están más en cuestión que nunca.

Bajo este escenario, Sánchez ha pedido a los agentes sociales un pacto de rentas para generar estabilidad «y evitar caer en una espiral inflacionista». Es decir, el Gobierno pretende que el nuevo acuerdo de negociación colectiva que patronal y sindicatos empiezan a negociar este mismo jueves incluya un acuerdo para la moderación salarial.

Esta sería una de las fórmulas para evitar una mayor presión alcista sobre los precios, con el IPC disparado en el 7,4% en febrero, su mayor nivel en 30 años. «Necesitamos un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales, como desde la moderación en los márgenes y beneficios de las empresas. Todo ello, con el objetivo de evitar caer en una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias y de los ahorradores y ponga en riesgo la recuperación», ha expresado Sánchez durante su intervención.

Además, y en previsión de que se produzcan «situaciones temporales de desabastecimiento, aumento de costes o reducciones de la demanda en sectores concretos», el Ejecutivo acelerará la puesta en marcha del mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo incluido en la reforma laboral recientemente aprobada, que permite a las empresas sometidas a crisis temporales o estructurales adoptar medidas de reducción de jornada o suspensión temporal de contratos, vinculados siempre a programas de recualificación y transición profesional.

Entre los sectores más afectados por la situación, además del energético, se encuentran el turismo y el agroalimentario. Para el primero, Sánchez ha anunciado que el Gobierno trabaja ya en la búsqueda de alternativas para suplir una eventual ausencia de turistas rusos en regiones como Cataluña. Para el segundo, afectado notablemente por el alza de precios, España solicitará a la Comisión Europea la activación de los mecanismos de la Organización Común de Mercados agrarios para prestar los apoyos necesarios a agricultores y ganaderos.

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha reconocido que la tensión inflacionista provocará una «ralentización del crecimiento económico» y «menores inversiones» en un momento clave para la recuperación tras la pandemia. Advierte que las sanciones contra Rusia tendrán consecuencian sobre las cifras macro. Y también sobre los Presupuestos y la economía de empresas y familias, afectadas por la irremediable presión de los precios energéticos.

Por eso mismo, Sánchez ha aprovechado su intervención para pedir a la Comisión Europea que elimine las reglas fiscales que este año todavía se mantienen suspendidas para permitir a los Estados acometer sus planes de gasto para hacer frente a la pandemia.

En principio, estas normas que establecen un límite del 3% en el déficit y del 60% en la deuda de los países deberían regresar en 2023. España lleva meses defendiendo que el escenario generado con la crisis del coronavirus obliga a una adaptación de estas reglas. Y ahora aprovechará el escenario bélico para incidir en esta idea ante Bruselas. «En el contexto no parece razonable volver a las reglas fiscales anteriores, que obligarían a un ajuste fiscal desproporcionado, con el riesgo que ello implicaría para la recuperación», ha asegurado Sánchez.