El Gobierno por fin cifra los afectados por un ERTE: cerca de cuatro millones

Casi 3,9 millones de trabajadores están afectados en la actualidad por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Así lo reconoció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una respuesta en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, mientras que, en este mismo pleno, su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rebajó el número a «más de tres millones de personas». Se trata de las primeras cifras oficiales en las últimas dos semanas sobre uno de los asuntos que más interesa en la actualidad y sobre el que hasta ahora Trabajo se mostraba reticente a aportar información, escudándose en que había determinadas comunidades autónomas que no les facilitaban datos.

«Son 3.889.000 trabajadores y trabajadoras los que se están viendo beneficiados por los expedientes de regulación temporal de empleo», precisó Sánchez, aunque no aportó detalles de cuántos está recibiendo ya las prestaciones. Incluso el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue un poco más allá y afirmó que, según el SEPE, existen en torno a cuatro millones de personas afectadas por un ERTE, lo que equivale al 16% de la población activa. Y apuntó también que a más del 50% de los expedientes ya se les ha realizado la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.

La última vez que desde el Gobierno ofrecieron cifras oficiales sobre este tema fue el pasado 2 de abril, durante la presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. Entonces Yolanda Díaz habló de que se había reconocido la prestación a 620.000 trabajadores afectados por un ERTE, aunque los datos que manejaban los sindicatos eran también muy superiores, cercanos a los dos millones.

Lo que sí admitió la ministra en su intervención fue que «el empleo se nos está desplomando». Y precisamente por esto justificó su decisión -que calificó de «difícil, como todas»- de desviar más de la mitad de los fondos previstos para desarrollar las políticas activas de empleo, gestionados en su mayor parte por las comunidades autónomas y que «superan los 5.000 millones» -según apuntó-, para pagar la prestación por desempleo, algo que no ha sido bien acogido desde los gobiernos regionales. De esta forma, el Estado podrá disponer de más de 2.400 millones de euros (según el presupuesto estimado en el ejercicio 2019) para hacer frente al elevado gasto del paro. Sin embargo, la diputada gallega señaló que en el Ministerio tampoco conocen «cuál va a ser la recaudación en formación». «No son 2.000 millones, no lo sabemos, porque se nos está desplomando el empleo y, por tanto, no sabemos cuál va a ser el reparto», admitió.